Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad
patrimonial.
1.2. Principios
La regulación de un régimen disciplinario
efectivo resulta imprescindible para asegurar
la responsabilidad de los empleados
públicos. El informe elaborado por la Comisión
para el estudio y preparación del Estatuto
Básico del Empleado Público parte de la
conveniencia de establecer unos mismos
principios básicos para todos los empleados
públicos. A su vez, denuncia los problemas
que provocaban la aplicación mecánica al
régimen disciplinario de los principios y
reglas propias del derecho administrativo
sancionador general, inspirado en el derecho
penal. Esos principios estaban pensados para
la tutela de fines públicos o bienes jurídicos
de interés general y no para asegurar el buen
funcionamiento interno de una organización
y de los servicios que presta. La Comisión de
Expertos sugirió que para hacer efectivo el
régimen disciplinario de los funcionarios
públicos era aconseja flexibilizar la legislación
hasta ahora vigente y aproximarla, también
en este punto, al derecho laboral 15 .
El fundamento de la potestad disciplinaria
debe fundarse en la necesidad de asegurar el
buen funcionamiento de la Administración y
de los servicios que presta, sin perjuicio de
otras finalidades secundarias. De ahí que los
principios de la potestad sancionadora deban
matizarse en el ámbito de la potestad disciplinaria
de la Administración. La jurisprudencia
constitucional destaca la necesidad o
conveniencia de diferenciar el derecho disciplinario
del derecho penal, pero ello no significa
obviar todos los principios garantizadores
reconocidos constitucionalmente. Entre
tos.
15 Cfr. p. 215 del informe de la Comisión de exper­
otras, la STC de 29 de marzo de 1990 matiza
los principios esenciales del derecho penal
sancionador en los supuestos de responsabilidad
disciplinaria 16 .
El art. 94.2 EBEP recoge en esencia los
principios del régimen disciplinario aconsejados
por la Comisión de Expertos, con la excepción
del principio non bis in idem. La exclusión
del citado principio obedece sin lugar a dudas
a la razón expuesta con anterioridad. Respecto
del citado principio, el Estatuto Básico se ha
limitado a señalar que «cuando de la instrucción
de un procedimiento disciplinario resulte
la existencia de indicios fundados de criminalidad,
se suspenderá su tramitación poniéndolo
en conocimiento del Ministerio Fiscal», añadiendo
que «los hechos declarados probados
por resoluciones judiciales firmes vinculan a
la Administración» (art. 94.3 EBEP).
De conformidad con el art. 94.2 EBEP, la
potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo
con los siguientes principios 17 :
– Principio de legalidad y tipicidad de las
faltas y sanciones, a través de la predeterminación
normativa o, en el caso del personal
laboral, de los convenios colectivos.
16 Sobre la doctrina constitucional, se ha afirmado
que «el ámbito de lo que se denomina el círculo interior
del Estado donde se encuadraría el derecho disciplinario
de los funcionarios públicos y donde existiría una cierta
relativización, en ocasiones, de alguna de las garantías
recogidas para el resto de sanciones administrativa»,
veáse, TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., «El régimen disciplinario de
los funcionarios públicos en el EBEP (arts. 93 a 98)»,
Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público,
(dir.: DEL REY GUANTER; coord.: PÉREZ FERNÁNDEZ/SÁNCHEZ
TORRES), La Ley, Madrid, p. 907; ARENAS ALEGRÍA, C., El
Estatuto jurídico del empleado público. Estudio particular
de algunos aspectos críticos del personal laboral,
(coord.: Gayarre Conde/Burzaco Samper), Dykinson,
madrid 2009, pp. 53-54.
17 Sobre los principios aplicables a la potestad disciplinaria,
véase en extenso, IVARS RUIZ, J., Responsabilidad
disciplinaria de los empleados públicos. Comentarios,
doctrina y jurisprudencia Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, Tirant, Valencia
2008, pp. 37-72.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93