Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

El tratamiento que el EBEP da a la posibilidad
de que la negociación colectiva regule el
acceso del personal laboral a la Administración
Pública es confuso; de una parte, el artículo
37.1 c) señala que «serán objeto de negociación,
en su ámbito respectivo y en relación
con las competencias de cada Administración
Pública y con el alcance que legalmente proceda
en cada caso… las normas que fijen los criterios
generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos
de trabajo, y planes e instrumentos de planificación
de recursos humanos», de otra parte, el
apartado segundo del mismo artículo, letras
b) y e), señalan que quedan excluidas de la
obligatoriedad de negociación, por un lado,
«la regulación del ejercicio de los derechos de
los ciudadanos y de los usuarios de los servicios
públicos, así como el procedimiento de
formación de los actos y disposiciones administrativas»
y, por otro, «la regulación y determinación
concreta, en cada caso, de los sistemas,
criterios, órganos y procedimientos de
acceso al empleo público y la promoción profesional».
Entonces, parece que la conclusión
que se deduce de tales términos, partiendo de
que el mecanismo de acceso al empleo público
constituye un procedimiento de formación de
la voluntad de la Administración de naturaleza
administrativa que, en principio, excluiría
la posibilidad de negociación colectiva, es que
deben negociarse colectivamente las normas
que determinen los criterios generales en
materia de acceso y, en cambio, no puede, en
principio, negociarse 9 su aplicación específica
en cada caso, referido, en nuestra opinión, a
las bases concretas en cada procedimiento
selectivo que se convoque 10 .
9 No obstante la expresión «quedan excluidas de la
obligatoriedad de la negociación» no impide que, en
caso de que exista acuerdo entre la Administración y los
sindicatos, puedan negociarse alguno de los contenidos
en principio prohibidos.
10 En este sentido, R. ROQUETA BUJ, El derecho de
negociación colectiva en el Estatuto Básico del Empleado
Público, La Ley, Madrid, 2007, p. 298 y sig.
NURIA DE NIEVES NIETO
Sorprende, en todo caso, el panorama que
en la actualidad presenta la regulación convencional
de las condiciones de acceso de los
empleados públicos en régimen laboral. En
efecto, es destacable la profusa y detallada
regulación de los procesos para el ingreso del
personal laboral en la Administración Pública
contenida en los convenios colectivos 11 que
contrasta con las escasas y muy generales
referencias que a las mismas se hace para el
personal funcionarial en los correspondientes
pactos o acuerdos. Los convenios colectivos
desarrollan las normas generales completándolas
con respecto a la composición de los
órganos de selección, los baremos de méritos a
valorar, la naturaleza de las pruebas, los porcentajes
de plazas reservadas a traslados,
promoción interna y acceso libre… 12 El problema
que surge en estos casos es determinar
qué jurisdicción debe resolver sobre la nulidad
de los convenios colectivos que contravengan
las normas constitucionales y legales
sobre el acceso al empleo público laboral. En
nuestra opinión, debería corresponder a los
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
si bien lo más frecuente es encontrar
resoluciones de los órganos de la jurisdicción
social declarando nulos ciertos preceptos
de un convenio colectivo por vulnerar los principios
de igualdad, mérito y capacidad como
rectores del acceso al empleo público 13 .
11 Si bien hay convenios colectivos que incluyen
escasas referencias al acceso al empleo público del personal
laboral como el de la Región de Murcia (de 7 de
mayo de 2007) o Navarra (de 15 de enero de 2007); en
cambio, hay otros, como el de la Comunidad de Madrid
(de 11 de marzo de 2005) o el III Convenio Único de la
AGE (de 31 de julio de 2009) que regulan (art. 31) más
promenorizadamente esta materia.
12 No puede dejar de mencionarse que el Tribunal
Supremo parece admitir sin problemas este tipo de
regulación convencional, como así se deduce de la STS
(4ª) de 12 de julio de 2007 (RJ 2007, 7504), por la que
se anula una convocatoria de ingreso libre por no haberse
intentado con anterioridad la correspondiente provisión
interna, exigida por el convenio colectivo a la
correspondiente entidad pública empresarial.
13 SSTSJ de Andalucía (Sevilla), de 22 de enero de
2005 (AS 2005, 255) y de Canarias (Tenerife), de 10 de
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