Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

de las cuantías globales de las retribuciones
complementarias de los funcionarios, así
como el incremento de la masa salarial del
personal laboral, deberán reflejarse para
cada ejercicio presupuestario en la correspondiente
Ley de Presupuestos; además de que
no podrán acordarse incrementos retributivos
que globalmente supongan un incremento
de la masa salarial superior a los límites
fijados anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el personal. Lo
que significa que el Estado se ha desprendido
de la competencia que hasta ese momento
detentaba para participar en la fijación de las
retribuciones complementarias de los funcionarios
públicos pero mantiene la competencia
para determinar sus retribuciones básicas y
se reserva la competencia para determinar el
volumen de incremento de las retribuciones
del personal, lo que viene en denominarse
«masa salarial» 4 .
La Ley de Presupuestos tendrá que establecer
para cada año un tope máximo al
incremento global que pueden experimentar
las retribuciones de los empleados públicos.
Un sector público que comprende la Administración
General del Estado, sus organismos
autónomos y agencias estatales y las universidades
de su competencia, las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, los
organismos de ellas dependientes y las universidades
de su competencia, las corporaciones
locales y organismos de ellas dependientes,
las entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social, los órganos constitucionales
del Estado, las sociedades mercantiles
públicas que perciban aportaciones
de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos
públicos o con cargo a los presupuestos
de los entes o sociedades que pertenezcan
al sector público destinadas a cubrir
4 Ampliamente al respecto, FERRÁN DILLA, J., «Capítu­
lo III. Derechos retributivos», en AA.VV. (Dir. PALOMAR
OLMEDA, A. y SEMPERE NAVARRO, A.V.), Comentarios a la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado
Público, Aranzadi, 2008, págs. 199 y ss.
JAVIER THIBAULT ARANDA
déficit de explotación y las entidades públicas
empresariales y el resto de los organismos
públicos y entes del sector público estatal,
autonómico y local 5 . Es decir que esta competencia
del Estado rige para todo tipo de
empleados, funcionarios o laborales, al servicio
de la Administración, cualquier que sea.
Trasciende del ámbito de la Administración
General del Estado y extiende su eficacia al
conjunto de las Administraciones Públicas,
de suerte que las Leyes de Presupuestos de
las Comunidades Autónomas y los presupuestos
de las Corporaciones Locales no
podrán acordar incrementos retributivos que
globalmente supongan un incremento de la
masa salarial superior a los límites que
anualmente establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado 6 .
En este sentido, para el año 2011 las retribuciones
de los empleados públicos con contrato
de trabajo no podrán experimentar ningún
incremento global con respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2010, incluida
5 A lo que se añade, a los efectos de la aplicación del
citado incremento global máximo, el personal de las
fundaciones del sector público y de los negocios participados
mayoritariamente por las Administraciones y
Organismos que integran el sector público, así como el
Banco de España, art. 22 Once Ley 39/2010.
6 El fundamento de esta competencia del Estado
para fijar límites o tipos máximos a los incrementos retributivos
se encuentra, por una parte, en la determinación
de las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica prevista en el art. 149.1.13
CE (STC 96/1990, de 24 de mayo), en tanto que «medida
dirigida a contener la expansión relativa a uno de los
componentes esenciales del gasto público» (STC
63/1986, de 21 de mayo), y por otra, por su relación con
uno de los límites que impone el art. 156.1 CE a la autonomía
financiera de las CC.AA., la obligada coordinación
con la Hacienda del Estado, pues «la necesaria
coherencia de la política económica exige decisiones
unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de
determinados problemas en orden a la consecución de
dichos objetivos y evite que, dada la estrecha interdependencia
de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas
partes del territorio nacional, se produzca un
resultado disfuncional y disgregador» (SSTC 171/1996,
de 30 de octubre y 103/1997, de 22 de mayo).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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