Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
en la que estén destinados. A estos efectos,
se podrá prever la creación de la
instancia adecuada competente para
centralizar la recepción de las propuestas
de los empleados públicos…que sirvan
para mejorar la eficacia en el servicio»
(art.54.10)
c) prestación de servicio diligente cuando
por razón de la función o el puesto de trabajo
haya un trato directo con el ciudadano. En
estos casos, y con fundamento en los principios
de transparencia y accesibilidad, preocupa
especialmente al legislador la prestación
de servicios correcta y considerada de los
empleados públicos en sus relaciones con los
ciudadanos y, en consecuencia, les exige una
obligación de «informar a los ciudadanos
sobre aquellas materias o asuntos que tengan
derecho a conocer» (art.54.4), de «facilitarles
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones» (art.54.4), atendiéndoles
«en la lengua que lo solicite siempre que sea
oficial en el territorio» (art.54.11), y en general,
una obligación de trato «con atención y
respeto» (art.54.1).
Se trata, a nuestro juicio, de una obligación
diferente a la de respeto a los derechos
humanos y, en particular, la de evitar toda
actuación que pueda producir lesión del derecho
a la no discriminación. El respeto y la
atención es, si se quiere, un grado inferior al
trato vejatorio o que atente a derechos fundamentales
de los ciudadanos, entre ellos, el de
igualdad y no discriminación y a ellos refieren
los convenios colectivos asimilando a la
expresión «trato atento y respetuoso», el de
corrección y consideración, que, sin definirlo
en positivo, se tipifican como faltas su incumplimiento
74 .
74 Algún Convenio Colectivo de personal laboral en
la Administración Pública incluye la «incorrección» con
el público como falta leve; otros, hablan de «desconsideración
con el público», incluyendo ésta entre las faltas
graves y la «leve incorrección» como falta leve (Convenio
Colectivo de la Agencia Tributaria).
El empleado público no sólo ha de ser diligente
en el ejercicio de sus tareas sino que,
además, ha de cumplir con las exigencias del
deber de buena fe (expresado en el art.53.3
como principio ético junto al deber de lealtad)
con la Administración en la que presten sus
servicios y con sus respectivos superiores,
compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
Lo que, ante la ausencia de definición
legal, y parece con la finalidad u objetivo de,
aparentemente, establecer límites a ese
deber y desconectarlo de un deber de fidelidad
y lealtad acrítica hacia la Administración
Pública, dirigido ahora más bien hacia los
ciudadanos, podría conectarse a los principios
de integridad, confidencialidad y honradez,
y derivar del mismo los que pueden considerarse
en el EBEP manifestaciones concretas
del mismo. Así pudieran entenderse
los siguientes:
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
– deber de secreto, distinguiendo el deber
de secreto profesional («guardarán
secreto de las materias clasificadas u
otras cuya difusión esté prohibida legalmente»,
art.53.12; piénsese, por ejemplo
en todas aquellas protegidas por la
legislación sobre protección de datos) y
el deber de discreción o sigilo profesional
(«mantendrá la debida discreción
sobre aquellos asuntos que conozcan
por razón de su cargo, sin que puedan
hacer uso de la información obtenida
para beneficio propio o de terceros o en
perjuicio del interés público», art.53.12;
obligación de contenido más amplio e
indeterminado en su alcance).
– deber de custodia documental, ex
art.54.7, que establece la obligación de
garantía de la constancia y permanencia
de los documentos para su transmisión
y entrega a sus posteriores responsables
– prohibición de percibir ciertas gratificaciones:
«no aceptarán ningún trato de
favor o situación que implique privilegio
o ventaja injustificada, por parte de