Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
Urbanos de Burgos, que regula las licencias y
permisos», entre los que no reconoce el permiso
por asuntos particulares para esta categoría
profesional, tras recordar que «la Ley
7/2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el
Estatuto Básico de Empleo señala dentro de
su ámbito de aplicación –artículo 2– a la Entidades
Locales, y en su art. 7 relativo a la normativa
aplicable al personal laboral señala
que el personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas se rige, además
de por la legislación laboral y por las demás
normas convencionalmente aplicables, por
los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan»,
argumenta que «el art. 48 del citado
Estatuto regula los permisos de los funcionarios
públicos, en consecuencia no sería de
aplicación al demándante puesto que es personal
laboral», y sin olvidarse de lo previsto
en el artículo 51 del EBEP referido al personal
laboral entre otras materias, en lo relativo
a los permisos considera que «partiendo de
una interpretación literal del citado artículo
que remite a la legislación laboral para la
determinación de los permisos, que es lo cuestionado
en esta litis, en consecuencia deberemos
estar con carácter general a lo regulado
en el Estatuto de los Trabajadores y al Convenio
Colectivo de aplicación […], que el art.
38 regula las licencias y permisos y en el mismo
no se contempla el derecho reclamado por
el trabajador –disfrute de seis días de permiso
por asuntos particulares–».
En estos dos pronunciamientos, siendo un
supuesto muy singular, se produce una
interpretación acumulativa del artículo 51
del EBEP. Acontece que la normativa laboral
aplicable establece expresamente el no reconocimiento
de dicho permiso a una determinada
categoría profesional ocupada por personal
laboral, lo que lleva a estas resoluciones
judiciales a no reconocer este permiso
para esta categoría profesional, haciendo
prevalecer, implícitamente y sin mayor razonamiento,
la normativa laboral sobre el
EBEP, lo que hace poco satisfactoria la solución
dada.
En la STSJ de País Vasco de 1 de julio de
2008 (AS 2008/2819) 27 , ante la solicitud de
varios trabajadores del disfrute de seis días
de permiso por asuntos propios al amparo de
lo previsto en el artículo 48 del EBEP, sin que
se les hayan concedidos los mismos por su
empleador, un Ayuntamiento adherido al
convenio regulador de las condiciones de trabajo
de las Entidades Locales vascas, en el
cual se prevé el reconocimiento de dos días
por asuntos particulares más dos días recuperables,
se confirma la sentencia de instancia
que había reconocido a los trabajadores a
disfrutar el permiso de seis días por asuntos
particulares previsto en el artículo 48.1.k) del
EBEP, lo que supone, considerar aplicable
dicho precepto a los empleados públicos laborales.
Para llegar a esta conclusión, y con carácter
previo, efectúa una aclaración acerca del
marco normativo en el que se origina el
EBEP, aunque realmente lo que efectúa es un
deslinde competencial a nivel constitucional
a la hora de fijar las condiciones de trabajo de
los funcionarios de carrera y de los trabajadores
en régimen laboral. Así, recuerda que
compete al Estado regular las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas
y del régimen estatutario de los funcionarios
(art. 149.1.20º CE), permitiendo la exégesis
de dicho precepto constitucional que las
Comunidades Autónomas dicten legislación
de desarrollo de tales bases; mientras que en
materia de legislación laboral, la competencia
es exclusiva del Estado, sin perjuicio de su
ejecución por los órganos de las Comunidades
Autónomas (art. 149.1.7º CE). En consecuencia,
«sólo el Estado puede legislar en materia
27 La interpretación sostenida en esta resolución ha
sido recogida en otras posteriores como SSTJ País Vasco,
de 16 y 23 de septiembre, 7, 14 y 28 de octubre de
2008 (JUR 2008/388907, 388639, 388284, 388091 y
AS 2008/2703), 17 de febrero, 6, 13, 20 y 27 de octubre
de 2009 (JUR 2009/346885, AS 2010/2473 y JUR
2010/398522, 398572, 398659, y 405388), 27 de abril
de 2010 (JUR 2010/398769).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93