Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

elación laboral era una pura cuestión de técnica
organizativa que podía resolverse discrecionalmente
por las Administraciones (Dictamen
14 de diciembre de 1960).
La regla general sigue siendo, pues, la de
que la Administración actúa a través de funcionarios
(de carrera o interinos), de modo
que el recurso al trabajo regido por el Derecho
laboral continúa siendo legalmente la excepción,
aunque en la práctica tenga una enorme
amplitud. Como se lee en la Exposición de
Motivos de la LEBEP, con palabras que
siguen a la jurisprudencia del TC, «por imperativo
constitucional» el régimen de contratación
laboral «no puede ser…el régimen general
del empleo público en nuestro país». Es
más, determinados cometidos se atribuyen
en exclusiva, y con toda razón, a los funcionarios
públicos; tal ocurre con «las funciones
que impliquen la participación directa o indirecta
en el ejercicio de las potestades públicas
o en la salvaguardia de los intereses generales
del Estado y de las Administraciones
Públicas» (art. 9.2 LEBEP). Ello no obstante,
y como reconoce la propia Exposición de Motivos
de la LEBEP, las Administraciones
siguen teniendo interés en emplear en determinadas
áreas personal laboral, dada la
mayor flexibilidad del contrato de trabajo
sobre la relación administrativa, que permite
utilizar en el sector público criterios de gestión
próximos, hasta cierto punto, a los de la
empresa privada.
La LEBEP, por su parte, sigue manteniendo,
pese a su denominación de apariencia
monista («Estatuto del Empleado Público» 17 ),
17 La expresión «empleado público», comprensiva
de funcionarios y trabajadores, fue también la utilizada
por el Libro Blanco para la mejora de los servicios públicos
aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de febrero
de 2000. Cfr. ROJO TORRECILLA, Eduardo, «La relación
del personal laboral al servicio de las Administraciones
públicas», en Las relaciones laborales en las Administraciones
públicas, XI Congreso Nacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2001, vol. I,
pág.67.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
la dualidad funcionario-trabajador al servicio
de las Administraciones; una dualidad en la
que se sigue observando la mutua influencia
del Derecho administrativo y el Derecho del
Trabajo, acentuándose si cabe la impregnación
de sentido administrativo o funcionarial
de la relación laboral. En suma, la categoría
«empleado público» viene a constituir «un
género con dos especies» 18 , cuya característica
última deriva de la singular naturaleza del
ente empleador 19 .
En definitiva, la referida dualidad se sigue
consolidando, de manera que las Administraciones
siguen teniendo a su servicio funcionarios
y trabajadores dependientes y por cuenta
ajena, acogidos ambos en la fórmula unitaria
de «empleados públicos»; fórmula unitaria
excesiva pero no del todo retórica, pues hay
en el Estatuto de 2007 un considerable tronco
jurídico común a funcionarios y trabajadores.
3. LA SINGULARIDAD
DE LAS RELACIONES LABORALES
EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Las Administraciones pueden contratar
como empresarios laborales en cuanto personas
jurídicas capacitadas para asumir tal
condición (art. 12 ET) 20 . Su posición jurídica
como empleadores se asemeja a la de los
empresarios del sector privado pero no es
18 CARDENAL CARRO, Miguel: «Un estatuto para los
empleados públicos», en El Estatuto básico del Empleado
Público, XIX Congreso nacional de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración,
2009, vol. I, pág. 72.
19 Como plantea CARDENAL CARRO, Miguel: «Un estatuto
para los empleados públicos», cit., pág. 73, cabría
hablar más bien de «el Estatuto de la Administración
como receptora de servicios».
20 Sobre la personalidad jurídica de las Administra­
ciones, vid. por todos GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, y FER­
NANDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo,
14ª ed., I, cit., págs. 29 y ss. Curiosamente, el art. 1.1
y 2 ET, al referirse al empresario o empleador laboral se
olvida de las Administraciones públicas.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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