Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

art. 21 LEBEP, que prohibe expresamente la
superación de los límites presupuestarios.
Con esta salvedad, que revela las limitaciones
que pesan sobre las Administraciones
como empleadores en comparación con los
empresarios del sector privado, el régimen
retributivo del personal laboral de las Administraciones
se rige por la legislación laboral,
los convenios colectivos y contratos individuales
de trabajo, tal y como dispone el art.
27 LEBEP.
3.5. Peculiaridades en la aplicación
del principio de estabilidad
en el empleo
El principio de estabilidad en el empleo de
los trabajadores al servicio de las Administraciones
no alcanza la plenitud del derecho a
la inamovilidad del funcionario de carrera,
reconocido hoy en el art. 14.a) LEBEP. Tal
inamovilidad significa que el funcionario de
carrera sólo puede perder esta condición por
las causas tasadas en la Ley, a saber: renuncia,
pérdida de la nacionalidad, jubilación
total, separación disciplinaria del servicio y
pena de inhabilitación para cargo público.
Por el contrario, la relación laboral del trabajador
al servicio de las Administraciones puede
extinguirse por cualquiera de las trece
causas enumeradas en el art. 49 del ET. Una
de ellas –el despido disciplinario– recibe una
regulación específica en la LEBEP, respecto
de la que el ET opera supletoriamente; las
demás causas de extinción quedan silenciadas
en la LEBEP, siendo por tanto de aplicación
el ET; ello con independencia de que
algunas de las causas reguladas en el ET
–así, la muerte, jubilación o incapacidad del
empresario– no tengan posible aplicación en
el sector público, y otras –despido colectivo,
por causas objetivas o por fuerza mayor–
respectivamente, los arts. 26 y 27 de la Ley 39/2010, de
22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2011.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
resulten de difícil aunque no imposible aplicación
en dicho sector 48 .
Al margen de la LEBEP, la estabilidad del
trabajador al servicio de una Administración
viene conociendo alguna otra especialidad,
centrada en las consecuencias que se asignan
a los contratos temporales fraudulentos o, en
general, viciados por alguna grave irregularidad.
Dando por supuesto que las Administraciones
públicas están legitimadas para celebrar
contratos de trabajo de duración determinada
–el art. 11.1 LEBEP admite que el
personal laboral de dichas Administraciones
sea contratado en «cualquiera de las modalidades…previstas
en la legislación laboral»–,
y aceptando también que las Administraciones
no deben gozar de patente de corso para
incumplir las reglas sobre causalidad de la
contratación temporal, se ha planteado el
problema de si el contrato de trabajo temporal
suscrito irregularmente por una Administración
pública atrae o no sobre sí la presunción
de que es un contrato indefinido, de
acuerdo con lo previsto en los arts. 8.2 y 15.3
ET 49 . La aceptación de tal conversión –como
se denunciaba con razón– hubiera implicado
dotar de fijeza al trabajador eludiendo un
proceso selectivo en el que se valoraran la
capacidad y méritos del concursante. Una
ingeniosa aunque discutida doctrina del TS
resolvió el problema distinguiendo entre los
conceptos de «relación indefinida» y «puesto
48 Sobre el posible juego de las causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción en la extinción
del contrato del empleado público, vid. LÓPEZ GÓMEZ,
José Manuel, El régimen jurídico del personal laboral de
las Administraciones Públicas, cit., págs. 380 y ss., y DE
SANDE PÉREZ-BIEDMA, María, Empleo y prestación de servicios
en la Administración Pública, cit., págs. 425 y ss.
49 Cfr. al respecto ALZAGA RUIZ, Icíar: «Las irregularidades
esenciales en la contratación laboral temporal por
las Administraciones Públicas a la luz de la normativa y
jurisprudencia comunitarias», en El Estatuto básico del
Empleado Público, XIX Congreso nacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo
e Inmigración, 2009, vol. I, cit., págs. 423 y ss.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
27