Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
empresas de trabajo temporal, salvo para servicios
eventuales (encuestas, toma de datos,
etc.) ha quedado derogada por la liberalizadora
Disp. adicional 4ª de la Ley 14/1994, de
Empresas de Trabajo Temporal (introducida
por la Ley 35/2010), que suprime a partir de 1
de abril de 2011 «todas las prohibiciones o
limitaciones actualmente vigentes», con
excepción de las fijadas en la propia Ley
14/1994.
Asimismo juegan un considerable papel en
la materia las «bolsas de trabajo» creadas por
la negociación colectiva 34 .
La selección del personal laboral por las
Administraciones se rige por los principios de
igualdad, mérito y capacidad (art. 55.1
LEBEP), aunque en rigor la Constitución
predique esos principios (en concreto, los de
mérito y capacidad: art. 103.3 CE) sólo respecto
de la selección de los funcionarios públicos.
La posición de la LEBEP coincide en este
punto con la que mantenía la Ley 30/1984, de
Medidas de Reforma de la Función Pública,
que extendía los citados principios a la selección
tanto de funcionarios como de trabajadores
(art. 19.1, actualmente derogado por la
LEBEP), y con la que sigue manteniendo el
vigente art. 91.2 de la Ley 77/1985, de Bases
del Régimen Local, que también impone esos
principios para la selección de «todo el personal,
sea funcionario o laboral». Asimismo se
exige la publicidad en las convocatorias de
plazas (art. 55.2.a LEBEP, en el mismo sentido
que lo hacía el citado art. 19.1 de la Ley
30/1984).
La LEBEP, manteniendo estos criterios
relativos al acceso al empleo público, establece
una serie de reglas comunes sobre el ingreso
de funcionarios y trabajadores en las
Administraciones; reglas que, evidentemente,
no se exigen para la contratación laboral
en el sector privado. La Ley reitera así que el
acceso al empleo público se rige por los principios
constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad (art. 55.1), aplicables a la selección
del «personal funcionario y laboral» (art.
55.2) 35 . Este último precepto añade media
docena más de principios, también comunes a
los procedimientos de selección de funcionarios
y trabajadores: a) el ya aludido de publicidad
de la convocatoria y sus bases; b) transparencia;
c) imparcialidad y profesionalidad
de los miembros del órgano seleccionador; d)
independencia y discrecionalidad técnica en
la actuación de los órganos de selección; e)
adecuación entre los procesos selectivos y las
funciones a desarrollar; y f) agilidad de los
procesos de selección, sin perjuicio de la objetividad
que debe presidirlos.
El establecimiento de sistemas formalizados
de selección para el ingreso en el empleo
público se traduce en la fijación de unas
reglas sobre los órganos que han de llevar a
cabo los correspondientes procesos y sobre los
procedimientos selectivos mismos; exigencias
que no acoge con carácter general el Derecho
del Trabajo, aunque sí lo hagan muchos convenios
colectivos, influidos por el ejemplo del
sector público.
Los órganos de selección tanto del personal
funcionarial como del laboral han de ser
colegiados, tendiendo a la paridad de mujeres
y hombres, y han de basarse en los principios
de imparcialidad y profesionalidad, sin que
puedan formar parte de ellos el personal de
elección o designación política, ni los funcionarios
interinos y personal eventual (art.
60.2 LEBEP). El art. 61.7 de esta Ley prevé la
posibilidad de que los convenios colectivos
establezcan la intervención sindical en los
procesos selectivos.
Los procedimientos de selección de funcionarios
y trabajadores fijos (no referidos,
34
DE SANDE PÉREZ-BIEDMA, María, Empleo y prestación
de servicios en la Administración Pública, cit., págs.
35 Sobre la aplicación de dichos principios, vid. SSTS
254 y ss. de 14 diciembre 2009, y 4 febrero y 10 marzo 2010.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93