Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

El sometimiento de la potestad disciplinaria
a los principios de legalidad y tipicidad
significa que las normas jurídicas, y en su
caso los convenios colectivos, deben fijar con
suficiente precisión los elementos esenciales
de la conducta antijurídica y los límites de las
sanciones a imponer, clasificando unas y
otras según su gravedad. En otras palabras,
el sometimiento a los citados principios significa
que el conjunto de conductas sancionables
y las sanciones mismas deben estar
legalmente previstas porque todo esta sometido
al principio de legalidad sancionadora.
El Tribunal Constitucional ha suavizado
el alcance del principio de legalidad en materia
de sanciones administrativas al sostener
que era necesaria la cobertura de la potestad
sancionadora en una norma con rango legal
(STC de 3 de octubre de 1983), lo que posibilita
que las leyes contengan una remisión a
normas reglamentarias (STC de 7 de abril de
1987). El personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas queda sujeto al
régimen disciplinario previsto en el EBEP, y
en su caso al previsto en los distintos convenios
colectivos que resulten aplicables. Tal y
como se verá a continuación, el EBEP tipifica
las faltas muy graves y las correspondientes
sanciones, dejando la fijación de otras faltas
muy graves y las graves a los convenios colectivos
que resulten de aplicación al personal
laboral 18 . Respecto a las faltas leves, pese a la
omisión del legislador, hay que entender que
debe estarse igualmente a lo dispuesto en los
convenios colectivos y en el resto de la legislación
laboral (art. 95.4 EBEP).
18 El informe de la Comisión de Expertos no creía
necesario que el Estatuto Básico listara las infracciones
sancionables, ya que sostenía que «una regulación
semejante supondría descender a un grado de detalle
poco compatible con la idea de Estatuto de mínimos…».
Añadiendo que «tampoco tendría demasiada explicación
que se tipificaran … sólo algunas infracciones, las
muy graves, y otras no, pues entendemos que deben ser
las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas las
que determinen en cada caso qué gravedad se atribuye
a cada tipo sancionador», p. 217.
NURIA P. GARCÍA PIÑEIRO
Adviértase que la utilización de conceptos
jurídicos indeterminados en la tipificación de
las faltas sancionables, las remisiones a otras
normas jurídicas y la inclusión de deberes
genéricos o deontológicos supone una quiebra
del principio de legalidad, además se flexibiliza
el alcance del principio de tipicidad. La
tipificación de las infracciones se lleva a cabo
por relación al incumplimiento de los deberes
básicos previstos en el Estatuto. En efecto, a
partir de los deberes y obligaciones del empleado
público «será posible deducir la tipificación
de las conductas sancionables, en un proceso
inverso al que hasta ahora ha sido necesario»
19 .
– Principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto
infractor
De conformidad con el citado principio las
disposiciones sancionadoras aplicables serán
las vigentes en el momento de producirse los
hechos constitutivos de la infracción disciplinaria,
admitiéndose únicamente el efecto
retroactivo respecto de las normas que resulten
más favorables para al presunto infractor.
El citado principio está en armonía con lo
previsto en los artículos 9.3 y 25.1 del texto
constitucional donde se consagran el principio
de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables y de retroactividad
de las favorables.
– Principio de proporcionalidad, aplicable
tanto a la clasificación de las infracciones y
sanciones como a su aplicación
El principio de proporcionalidad, entendido
como la debida adecuación entre la gravedad
del hecho constitutivo de la infracción y
la sanción aplicada, impregna la responsabilidad
disciplinaria prevista en el EBEP tanto
la tipificación de las infracciones como de las
sanciones. Con respecto a las infracciones, el
19 Cfr. p. 202 informe de la Comisión de expertos.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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