Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

ducido una intervención legislativa restrictiva
sobre el derecho a la negociación colectiva
de los empleados públicos, que se ha traducido
en la suspensión parcial del Acuerdo
Gobierno –Sindicatos 2010-2012 y en la
modificación de las retribuciones pactadas en
un convenio colectivo que estaba en vigor,
pues la AN acepta y defiende que la negociación
colectiva está sometida a la ley por el
principio de jerarquía normativa, que la ley
tiene primacía sobre la negociación colectiva,
que la negociación de las retribuciones de los
empleados públicos, funcionarios y personal
laboral, está condicionada por los límites que
se establecen en las leyes de presupuestos,
etc y por lo tanto también acepta y defiende
que el legislador pueda intervenir introduciendo
limitaciones a la negociación colectiva
o incluso modificando lo pactado en convenios
colectivos que estén en vigor.
Las dudas de constitucionalidad que plantea
la AN sobre el RDL se refieren, sobre
todo, al instrumento legislativo que se ha utilizado
para llevar a cabo dicha intervención
restrictiva sobre la negociación colectiva de
los empleados públicos laborales; la AN considera
que el RDL no es el instrumento idóneo
para llevar a cabo dicha intervención, ya
que el RDL tiene prohibido por la CE, artículo
86.1 regular elementos esenciales de los
derechos y libertades que se incluyen en el
Título I de la CE, entre los que se encuentran
los derechos de negociación colectiva y de
libertad sindical, y es lo cierto que, a juicio de
la AN, el citado RDL pudiera haber entrado
por ese camino prohibido.
Así pues, es el alcance de la regulación que
se hace en el RDL, y no el RDL propiamente,
lo que ha llevado a la AN a plantear la cuestión
de constitucionalidad; y hasta tal punto
es así que la AN en su Auto dice que no se
hubiera planteado la cuestión de constitucionalidad
si, en lugar del RDL, el Gobierno
hubiera utilizado, para llevar a cabo la regulación
que se hace en el mismo, un instrumento
legislativo normal, un proyecto de ley
que hubiera sido aprobado por las Cortes
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
Generales. Y asimismo dice que tampoco se
hubiera planteado la cuestión de constitucionalidad
si el RDL se hubiera limitado a precisar
o modular el derecho de negociación colectiva
y no hubiera afectado a su contenido
esencial.
La razón por la que, a juicio de la AN, la
regulación del RDL incide en el contenido
esencial del derecho a la negociación colectiva
regulado en el art 37.1 de la CE es porque, al
dejar sin efecto, durante la vigencia de un
convenio colectivo, condiciones pactadas en el
mismo, se está afectando a la fuerza vinculante
del convenio que es un elemento consustancial
del derecho de negociación colectiva
que está integrado en el contenido esencial
de ese derecho. Y si esto es así, la conclusión a
que se llega es a la falta de idoneidad del instrumento
legislativo que ha utilizado el
Gobierno, un RDL, para hacer dicha regulación.
Desde nuestro punto de vista, algunos de
los argumentos que sirven de base al Auto de
la AN nos ofrecen alguna duda: desde luego,
no compartimos que, en todo caso, y sólo porque
la ley ocupa una posición superior en la
jerarquía normativa, mediante una ley se
puedan modificar a peor condiciones de trabajo
pactadas con anterioridad en un convenio
colectivo en vigor; entendemos, como ya
hemos dicho, que para que ello sea posible es
necesario que concurran circunstancias
excepcionales que lo justifiquen; podemos
aceptar que en este caso esas circunstancias
concurren y por lo tanto que el legislador
estaría habilitado para aprobar una ley con el
contenido del RDL; y por otro lado, aun compartiendo
el argumento que se recoge en el
Auto, según el cual un RDL no es un instrumento
normativo idóneo para regular elementos
esenciales de los derechos y libertades
que se incluyen en el Título I del la CE,
nos plantea, en cambio, alguna duda aceptar
que el RDL estaba incidiendo en este caso
sobre elementos esenciales de los derechos de
negociación colectiva y de libertad sindical,
ya que, a nuestro juicio, lo que está haciendo
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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