Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
criterios objetivos. Esta objetividad que
impone la Constitución pretende garantizar
que, en la selección de los candidatos, se elegirá
a aquellos que resulten más idóneos para
cada puesto de trabajo, asegurándose así la
eficiencia de la organización 33 . De modo que
la Administración no puede discrecionalmente
elegir la persona que estime conveniente
para que preste, en su favor, sus servicios
retribuidos sino que, forzosamente, habrá de
contratar a la que resulte más adecuada para
cubrir el correspondiente puesto de trabajo a
través de un procedimiento público y objetivo
de selección 34 . Por ello la Norma Constitucional
reconoce el derecho fundamental a la
igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo en sus artículos: 14, 23.2 y 103.3.
No obstante, estos principios constitucionales
no han sido siempre observados con fidelidad
existiendo numerosas manifestaciones de
favoritismos o corporativismos que los vulneran.
Ejemplo de lo que se acaba de afirmar es
el considerable aumento, en los últimos años,
del número de trabajadores asalariados en el
ámbito público y la tasa de temporalidad en
las Administraciones Públicas puesto que la
selección de personal laboral, interinos y contratados
temporales, ha sido mucho menos
rigurosa que la de los funcionarios de carrera.
De ahí la necesidad de extremar las garantías
sobre los procedimientos de selección así como
de las normas que los regulan.
El acceso al empleo público de los ciudadanos
se garantiza en el EBEP con el límite del
respeto a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como de lo
dispuestos en el propio Estatuto. La posición
33 J.B. VIVERO SERRANO, «El acceso al empleo público
en régimen laboral tras el Estatuto Básico del Empleado
Público: algunas luces y demasiadas sombras», REDA, nº
143, 2009 (Ref. Ar. BIB 2009/873), p. 3.
34 Desde luego no sorprende que la objetividad exigida
por la Administración Pública para el acceso al
empleo sea reproducida por empresas privadas bien
gestionadas y competitivas, que buscan la garantía de
eficacia en la prestación de los servicios.
del EBEP coincide con la que mantenía la Ley
30/1984, de Medidas de Reforma de la Función
Pública, que extendía los citados principios
a la selección tanto de funcionarios como
de trabajadores por cuenta ajena. Consideramos
conveniente recordar cuál es el alcance
de estos principios y si en su aplicación se
detectan diferencias entre el personal laboral
y el funcionarial.
3.1. Principios constitucionales
3.1.1. La aplicación del principio
de igualdad del artículo 23.2 al
empleado público laboral
Como ya se ha advertido, el derecho de
acceso de todos los ciudadanos al empleo
público en condiciones de igualdad es un derecho
constitucional proclamado en el artículo
23.2 de la CE. Debe recordarse que los contenidos
de los artículos 14 y 23.2 de la CE no
resultan contradictorios puesto que ambos
deben ser interpretados, como señaló el Tribunal
Constitucional 35 , en el sentido de que el
del artículo 23.2 especifica el derecho de igualdad
en lo relativo al acceso a las funciones y
cargos públicos. Ya la STC 10/1983, de 21 de
febrero, había señalado que la igualdad en el
acceso a los cargos y funciones públicas era
una manifestación más del principio de igualdad
jurídica contenido en el artículo 14 de la
CE, pero que gozaba de sustantividad propia.
Con relación a las distintas manifestaciones
de este principio, el Tribunal Constitucional
tiene declarado: 1) que del artículo 23 de la
CE no se deduce que exista un derecho subjetivo
a la ocupación o desempeño de funciones
específicas, sino sólo un derecho a participar
en las oportunas pruebas selectivas (STC
50/1986, de 23 de abril); 2) que lo dispuesto en
el artículo 23 de la CE no significa que todos
35 En sentencias 75/1983, de 3 de agosto, 50/1986,
de 23 de abril, 84/1987, de 29 de mayo, 67/1989, de 18
de abril ó 60/1994, de 28 de febrero.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93