Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
Civiles del Estado de febrero de 1964. Con
carácter reglamentario, y como consecuencia
de las modificaciones en materia de situaciones
administrativas de los funcionarios recogidas
en la Ley 22/1993, se publica el Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, que
sustituye y deroga el Reglamento aprobado
por Real Decreto 730/1986 de 11 de abril que
originariamente abordó dicha regulación en
desarrollo de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública 3 .
Por lo que se refiere a la regulación de las
«situaciones del personal laboral» de los trabajadores,
el art. 92 EBEP remite al Estatuto
de los Trabajadores y a los convenios colectivos
que les sean de aplicación. En este sentido,
los artículos 45 y 46 del Estatuto de los
Trabajadores establecen un régimen de suspensión
del contrato y de excedencias del trabajador
que pueden ser «complementados o
extendidos a supuestos distintos a través de
la negociación colectiva» 4 .
En efecto, la regulación de las «situaciones
del personal laboral» se remite para los trabajadores
al servicio de las Administraciones
Públicas a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores y en la negociación colectiva, si
bien ésta podrá declarar aplicable las normas
de la LEBEP sobre situaciones administrativas
al personal laboral «en lo que resulte compatible
con el Estatuto de los Trabajadores»
(art. 92 EBEP). Parece, por tanto, que, en
principio –es decir, si así lo establece el convenio
colectivo y no hay colisión entre la norma
legal y la convencional– los empleados
3 F. A. CASTILLO BLANCO: «Las situaciones administra­
tivas de los empleados públicos», en M. SÁNCHEZ MORÓN
(Dir.): Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, 2ª ed. Ed. Lex Nova, Madrid, 2008,
pág. 509.
4 Informe de la Comisión para el estudio y preparación
del Estatuto Básico del Empleado Público, pág.
129.
laborales podrán disfrutar de las situaciones
administrativas previstas para los funcionarios
públicos.
Pues bien, esta posibilidad, aunque, como
señala Montoya Melgar, crea una «cierta
inseguridad» 5 , permite a efectos prácticos que
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores
para las situaciones suspensivas sea complementado
o extendido a otros supuestos por
la negociación colectiva que les sea de aplicación.
Con esta interpretación, nada impide
«extender el régimen de situaciones administrativas
establecidas para los funcionarios
públicos al personal laboral 6 ».
De hecho, la Comisión para el estudio y
preparación del Estatuto Básico del Empleado
Público observó que «un elevado número
de convenios colectivos aplicables al personal
laboral de las distintas Administraciones
Públicas había venido ampliando la regulación
del Estatuto de los Trabajadores para
hacer coincidir, prácticamente, por entero, el
régimen de situaciones aplicables a ese personal
con el establecido para los funcionarios
públicos» 7 . En efecto, la regulación de algunos
derechos vinculados a la conciliación de
la vida laboral y familiar, a día de hoy, se
siguen desarrollando en paralelo para trabajadores
por cuenta ajena y funcionarios públicos.
Prueba de ello es la reciente modificación,
que afecta al Estatuto de los Trabajadores
(art. 37.5) y al Estatuto Básico del Empleo
Público [art. 49 e)], en materia de reducción
de jornada por cuidado de hijo con cáncer o
5 A. MONTOYA MELGAR: «Las Administraciones Públicas
como empresarios laborales (un estudio a la luz del
nuevo Estatuto Básico del Empleado Público)», en M.A.
LUELMO MILLÁN: Relaciones laborales de las Administraciones
Públicas, Cuadernos de Derecho Judicial VII­
2007, CGPJ, Madrid, 2007, pág.472.
6 F. A. CASTILLO BLANCO: «Las situaciones administra­
tivas de los empleados públicos», en M. SÁNCHEZ MORÓN
(Dir.): Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, cit., pág. 516.
7 Informe de la Comisión para el estudio y preparación
del Estatuto Básico del Empleado Público, pág.
129.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93