Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

aplicable» la legislación laboral; en el mismo
sentido, el art. 177.2 –aún vigente– del Texto
Refundido de Régimen Local (RDLg
781/1986, de 18 de abril) preceptúa que el
régimen del personal laboral es «en su integridad,
el establecido en las normas de Derecho
Laboral». Lo cierto es, sin embargo, que el
Derecho del Trabajo ni se aplicaba entonces
ni se aplica ahora «plenamente» o «en su integridad»
a los trabajadores al servicio de las
Administraciones, que ni se igualaban ni se
igualan a los trabajadores del sector privado.
La propia naturaleza del singular empleador
que es la Administración –que asume deberes
y goza de prerrogativas consecuentes con los
«intereses generales» cuyo servicio tiene
encomendado constitucionalmente (art.103.1
CE)– y su sometimiento a principios y deberes
que no pesan sobre los empresarios privados
determinan que la relación laboral del
trabajador al servicio de una Administración
Pública revista importantes singularidades.
Ello ha llevado a la doctrina académica a postular
la creación de una relación laboral especial
de los trabajadores de las Administraciones
23 , y, más radicalmente, a negar la adecuación
del contrato de trabajo como instrumento
de prestación de servicios a una Administración
24 . Sin embargo, y desatendidas por el
legislador esas propuestas, de lo que hoy cabe
hablar es, simplemente, de que tales relaciones
laborales son relaciones laborales comunes
con peculiaridades 25 ; peculiaridades derivadas
de la singular naturaleza de las Administraciones
como empleadores laborales.
¿Qué peculiaridades son éstas? Desde hace
tiempo, se vienen refiriendo a un conjunto de
materias, contractuales y pre-contractuales,
que puede sintetizarse así:
23 LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, El régimen jurídico del
personal laboral de las Administraciones Públicas,
Madrid, 1995, págs. 477 y ss.
24 GODINO REYES, Martín, El contrato de trabajo en la
Administración Pública, cit., págs. 319 y ss.
25 Cfr. MONTOYA MELGAR, Alfredo, Derecho del Trabajo,
31ª ed., Madrid, 2010, págs. 507 y 508.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
3.1. Limitaciones a la planificación
por las Administraciones
de sus recursos humanos
Las Administraciones no gozan de la libertad
de los empresarios privados (libertad que
reconoce el art. 38 CE) para programar sus
fines y recabar los medios con que obtenerlos,
sino que se encuentran fuertemente vinculadas
en su condición de «empleadoras» por exigencias
de Derecho público.
Por lo pronto, las Administraciones están
sujetas a una serie de principios fundamentadores
de su actuación entre los que se encuentran
el servicio a los intereses generales, la
aplicación de los criterios de igualdad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo público, la
objetividad e imparcialidad en el servicio, la
eficacia en la planificación, la evaluación y
responsabilidad en la gestión y la jerarquía
en la atribución y desempeño de las funciones
(art. 1.3 LEBEP).
Además, las Administraciones Públicas
han de planificar sus propios recursos humanos
sujetándose a normas de estricto Derecho
administrativo (sin perjuicio de que puedan
complementarse eventualmente con normas
de Derecho privado, como ocurre cuando la
Administración celebra contratos de trabajo).
Un específico y cualificado instrumento de la
planificación administrativa de los recursos
humanos son las Ofertas de Empleo Público
que anualmente deben aprobar los órganos
de gobierno de las distintas Administraciones
Públicas (art. 70 LEBEP), sobre la base de la
existencia de las oportunas dotaciones presupuestarias
26 . Asimismo, cada Administración
26 Como dice el art. 7 del RD 364/1995, de 10 de
marzo (Reglamento General de ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado), «las
necesidades de recursos humanos que no puedan ser
cubiertas con los efectivos de personal existentes serán
objeto de oferta de empleo público, siempre que exista
crédito presupuestario y se considere conveniente su
cobertura durante el ejercicio». Cfr. también art. 18.4 de
la Ley 30/1984 (derogado por LEBEP).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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