Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

han sido autorizados 15 . Entre los expedientes
de regulación de empleo autorizados destacan
los de los Ayuntamientos de Almensilla
(Sevilla), Escacena del Campo (Huelva), Barlovento
(La Palma), Ingenio (Gran Canaria) o
Avilés (Asturias) 16 . Con fecha 8 de febrero de
2011 también se ha aprobado un expediente
de regulación de empleo, pero en este caso
suspensivo, en el Ayuntamiento de Fuente el
Saz del Jarama (Madrid). El supuesto plantea
interés porque a petición del Ayuntamiento
señalado el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, a través del Servicio Público de
Empleo Estatal, ha emitido un informe no
vinculante acerca de si es posible aprobar un
expediente de regulación de empleo en un
Ayuntamiento. En dicho informe, de fecha 31
de enero de 2010, el Servicio Público de
Empleo Estatal considera que «los mecanismos
de regulación de empleo, de suspensión
de contratos o reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de
productivas» se limitan «al ámbito de la actividad
empresarial o a entidades que persigan
15 Es el caso, por ejemplo del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera, con 2700 trabajadores, que fue rechazado
en su aprobación por la Junta de Andalucía.
16 El expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento
de Avilés ha sido aprobado en diciembre de
2010 y el problema que ha llevado a su solicitud y posterior
aprobación ha sido el siguiente. Más de 100 trabajadores
contratados por el Ayuntamiento de Avilés a
través de planes de empleo, que exigían estar desempleados
para ser contratados para realizar determinados
servicios en el Ayuntamiento, han obtenido sentencias
favorables declarando sus contratos indefinidos por
haberse llevado a cabo en fraude de ley. El convenio
colectivo del Ayuntamiento de Avilés contiene una cláusula
según la cual en el supuesto de despido improcedente
la opción entre la indemnización o la readmisión
la tiene el trabajador. En virtud de esta opción, todos los
trabajadores que han obtenido sentencia favorable han
optado por la readmisión. De este modo el Ayuntamiento
de Avilés ha visto su plantilla incrementada en
más de 100 personas y ante esta situación ha solicitdo la
aprobación de un expediente de regulación de empleo
para proceder a la extinción de los contratos alegando la
falta de dinero para poder proceder al pago de las nóminas
de estos trabajadores. El Principado de Asturias ha
autorizado el ERE.
RAQUEL AGUILERA IZQUIERDO
la obtención de un lucro», y, por tanto, una
Administración Pública, como es un Ayuntamiento,
«no puede acogerse a ellos». Recuerda
también el informe que los Ayuntamientos
están al servicio de los «intereses generales y
que su función es prestar los servicios públicos
que marca la ley, pero no perseguir fines
empresariales». Asimismo, y dado que el
Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama
ha alegado motivos económicos para solicitar
el expediente de regulación de empleo, el Servicio
Público de Empleo Estatal señala que la
Administración municipal debe ser «eficaz» y
dotarse de la «previsión financiera» necesaria
para la prestación de los servicios públicos,
por lo que «no resulta compatible la disminución
temporal de estos en función de los ingresos
previstos». Las «desviaciones de ingresos
y gastos municipales» han de corregirse «en el
marco de la disciplina presupuestaria, que en
nada tiene relación con los resultados de
explotación de las entidades mercantiles».
Sin embargo, a pesar de que el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, a través del Servicio
Público de Empleo Estatal, desestima la solicitud
del Ayuntamiento señalado, la Dirección
General de Empleo de la Comunidad de
Madrid ha aprobado el expediente de regulación
de empleo suspensivo.
El caso señalado resulta de especial interés
porque nos muestra con claridad las discrepancias
que en la propia Administración
existen sobre la aplicación de esta causa de
despido. El Ministerio de Trabajo e Inmigración
parece no aceptar la aplicación del despido
por causas económicas en la Administración
Pública, pero si esto es así debería
haberlo previsto específicamente en el EBEP
dado que estamos ante una cuestión polémica
que viene planteándose desde hace
muchos años. Si el legislador no ha previsto
nada en el EBEP y en materia de extinción
del contrato de trabajo hay una remisión a la
legislación laboral, debemos entender que las
Administraciones Públicas en régimen laboral
pueden acudir a las causas de extinción
previstas en el art. 52 c) ET. Ahora bien, es
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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