Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
cual era inconstitucional en la medida en que
el indicado requisito vulneraba lo dispuesto en
el convenio número 98 de la OIT. En este
momento, la constitucionalidad de dichos controles
está fuera de toda duda, si tenemos en
cuenta la virtualidad limitadora de la negociación
colectiva que reconoce la doctrina constitucional
a las leyes de presupuestos. Así se
reconoce también en la STS de 22-12-2008.
3.4. La participación
de la Administración Pública
en la negociación colectiva
del personal laboral obliga
a modular la aplicación
de determinados aspectos
de la regulación de la misma
En ocasiones ha sido necesario adaptar las
reglas de legitimación para negociar, en concreto,
en los supuestos en que la negociación
afectaba a diversas entidades públicas de una
misma Administración Pública.–El problema
que se planteaba era determinar cual es el
ámbito o unidad de negociación en estos
casos, esto es si era supraempresarial en la
medida en que afectaba a diversas entidades
públicas dotadas de personalidad jurídica
propia o si, por el contrario, era empresarial,
en la medida en que respecto todas las entidades
existía una dirección unitaria, pues
ello era necesario para saber que reglas de
legitimación había que aplicar.
La jurisprudencia (SSTS de 8 de octubre
de 1993, Ar. 7581; 15 de diciembre de 1994,
Ar. 4436; 30 de abril de 1996,Ar, 3623; 14 de
junio de 1999, Ar. 5216) ha resuelto este problema
aplicando un criterio mixto, en concreto,
aplicando las reglas de legitimación
empresarial para determinar la representación
de la Administración, (art. 87.1 ET) y las
reglas de la legitimación supraempresarial
para determinar la representación de los trabajadores
(art. 87 2 y 3); aplicando estas
reglas la representación de los trabajadores
correspondería a los sindicatos.
Aunque reconocemos que la solución que
ha arbitrado la jurisprudencia es innovadora,
ya que no está contemplada en nuestro ordenamiento
jurídico expresamente, y por ello ha
sido criticada por una parte de la doctrina,
nuestra opinión es favorable a la misma ya
que, desde nuestro punto de vista resuelve
bien el problema de la legitimación para
negociar tanto desde el punto de vista de la
representación empresarial como de la representación
de los trabajadores; quizás no
hubiera habido necesidad de acudir al criterio
mixto si se hubiera interpretado, aplicando
también las reglas de legitimación
supraempresarial, que, ante la ausencia de
asociaciones empresariales en el ámbito de
las Administraciones Públicas, la legitimación
para negociar se atribuía a quien asumiera
la dirección unitaria de las distintas
entidades, ya que, en cierto modo, a ella
correspondía la representación colectiva de
todas ellas, y ella era la que mejor garantizaba
la unidad de negociación que debe existir
en el ámbito de las Administraciones Públicas.
También ha sido necesario modular, en la
negociación colectiva del personal laboral de
las Administraciones Públicas, la libertad
que de acuerdo con el ET tienen las partes
para determinar las materias a negociar y el
contenido de los convenios colectivos. De
acuerdo con la legislación laboral (art.85 ET),
las partes que intervienen en la negociación
colectiva determinan libremente las materias
a negociar y el contenido de los convenios
colectivos, sin más limitación que el respeto a
las leyes.
Ahora bien, esta regla no se aplica en toda
su dimensión cuando una de las partes que
negocia es la Administración Pública, ya que,
como ya hemos visto, su actuación está sometida
al principio de legalidad, y como consecuencia
de ello se ve condicionada o limitada
su capacidad negocial, condicionamiento o
limitación que afecta tanto a la negociación
del personal laboral como a la de los funcionarios.
Y asimismo hemos visto cómo la nego­
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