Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

entre funcionarios en activo o en excedencia
especial.
Este procedimiento excepcional requiere
que:
– los puestos de trabajo en que sirvan
sean de igual naturaleza y corresponda
idéntica forma de provisión;
– los funcionarios que pretendan la permuta
cuenten, respectivamente, con un
número de años de servicio que no difiera
entre sí en más de cinco;
– se emita informe previo de los Jefes de
los solicitantes o de los Subsecretarios
respectivos;
– hayan transcurrido más de diez años
desde la anterior autorización de permuta
y que
– a ninguno de los funcionarios le falten
menos de diez años para cumplir la
edad de jubilación forzosa 44 .
2.3. Movilidad forzosa
Al contrario de lo apuntado en páginas
previas respecto de la movilidad voluntaria
–amplia extensión en su aplicación– la movilidad
forzosa ha encontrado tradicionalmente
grandes obstáculos y dificultades para su
puesta en práctica. Resistencias que en no
pocos casos se han mostrado insalvables, llevando
incluso a algunas Administraciones a
la contratación temporal de personal ajeno o
a la externalización de servicios y actividades
ante la imposibilidad del recurso al personal
excedente de ciertas áreas o unidades como
recurso más simple e inmediato. El perjuicio
al servicio público es manifiesto.
Se hacía imprescindible la implantación
de algunas pautas encaminadas a alcanzar
44 Serán anuladas las permutas si en los dos años
siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce la
jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.
FRANCISCO JAVIER HIERRO HIERRO
una adecuada gestión de personal, necesaria
para ganar en eficiencia y equidad, lo que ha
de traducirse en una mejora de los servicios.
Por ello, la Comisión de Expertos abogaba
por una regulación, siquiera mínima, de la
movilidad forzosa en el Estatuto Básico. Bastaría
remitirse, se apuntaba en el reiteradamente
aludido Informe, a lo que dispongan
las leyes aplicables en cada caso, pero garantizando
el respeto a las retribuciones, condiciones
esenciales de empleo y lugar de residencia
del empleado, entendiendo esta última
garantía como posibilidad del funcionario
de desplazarse a su centro de trabajo en un
tiempo razonable 45 .
A dar cumplimiento, en parte, a tales
demandas se dedica el apartado 2 del art. 81
Ley 7/2007, en el que se dispone que las
Administraciones Públicas, por razones de
servicio o funcionales y de manera motivada
46 , podrán trasladar a sus funcionarios a
unidades, departamentos u organismos
públicos o entidades distintos a los de su destino,
respetando sus retribuciones, condiciones
esenciales de trabajo, modificando, en su
caso, la adscripción de los puestos de trabajo
de los que sean titulares.
En los supuestos en los que los planes de
ordenación de recursos impliquen cambio de
lugar de residencia, siempre basados en motivos
excepcionales y extraordinarios, se dará
prioridad a la voluntariedad de los traslados.
En todo caso los funcionarios tendrán derecho
a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente
para los traslados forzosos.
45 Cfr. Informe de la Comisión de Expertos para el
estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado
Público, cit., págs. 124-125.
Sobre el carácter insuficiente de esta previsión, cfr. L.
M. ARROYO YANES: «La provisión de puestos de trabajo y
la movilidad en el Estatuto Básico del Empleado Público»,
en VV. AA.: Comentarios al Estatuto Básico del
Empleado Público, cit., págs. 842-843.
46 Esto es, explicitando las concretas razones que
imponen el traslado.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
277