Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

4.1.2. En relación con las indicadas
medidas se han planteado dudas
sobre su constitucionalidad;
en particular, se han planteado dudas
sobre si las mismas suponen
o no una vulneración del derecho
de negociación colectiva
de los empleados públicos
Las medidas a que nos venimos refiriendo
han generado una importante conflictividad
tanto laboral como jurídica; además, en torno
a las mismas se ha abierto un interesante
debate jurídico en el que, desde distintos
ámbitos, se han planteado dudas sobre la
constitucionalidad de las mismas. Las dudas
se han planteado se centran sobre todo en la
posible vulneración del derecho a la negociación
colectiva de los empleados públicos laborales.
• El impacto jurídico de las indicadas
medidas en la negociación colectiva
de los funcionarios y del personal laboral
es distinto
Indudablemente, al ser los dos sistemas de
negociación colectiva de los empleados públicos
(el funcionarial y el laboral) tan dispares
eso hace que el impacto que, desde un punto
de vista jurídico, tienen las indicadas medidas
sobre los mismos sea muy diferente. El
hecho de tener un grado de autonomía colectiva
mayor, una menor intensidad del principio
de legalidad, un menor grado de ingerencia
de la Administración en la negociación
colectiva, y unos instrumentos negociales
más potentes en la medida que tienen fuerza
vinculante y eficacia normativa, como le ocurre
al sistema de negociación colectiva laboral,
hace que sea en este ámbito de negociación
en el que plantee más problemas jurídicos
una intervención legislativa como la que
ha llevado a cabo el Gobierno a través del
RDL 8/2010, de 20 de mayo, y ello a pesar de
que las consecuencias de dicha intervención
legislativa hayan sido iguales, o incluso
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
mayores, en el ámbito de negociación funcionarial
desde el punto de vista de impacto económico.
Desde luego, teniendo en cuenta lo anterior,
es difícil admitir que se pueda cuestionar
la constitucionalidad de las medidas indicadas
en lo que se refiere a la negociación
colectiva de los funcionarios, ya que, como ya
hemos visto, además de que el derecho de
negociación colectiva de los funcionarios no
tiene fundamento constitucional (no deriva
del art.37.1 CE), y de que los pactos y acuerdos
en que se concretan los resultados de la
negociación no tienen la fuerza vinculante
que tienen los convenios colectivos, es lo cierto
además que la suspensión parcial del
Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012 tiene
cobertura legal, por lo que a los funcionarios
se refiere, en el artículo 38.10 del EBEP,
que establece, como ya hemos visto, que la
Administración puede desvincularse unilateralmente
de los pactos y acuerdos alcanzados
en el marco de la negociación colectiva por
causa grave de interés público derivada de
una alteración sustancial de las circunstancias
económicas , en la medida estrictamente
necesaria para salvaguardar el interés público.
Así pues, en relación con la suspensión
parcial del indicado Acuerdo lo único que
cabe hacer es ver si se ha cumplido o no lo que
dice el artículo 38.10 del EBEP; es decir, ver
si concurre o no el presupuesto que habilita al
Gobierno para tomar la decisión de suspender
parcialmente el referido Acuerdo y si el
alcance de la decisión adoptada es o no el que
se indica en dicho artículo.
Desde nuestro punto de vista, ambos
requisitos o condiciones se dan en el presente
caso ya que, por un lado, es fácil colegir que
en el momento que se toma la medida, mayo
de 2010, estamos en presencia de una situación
económica muy grave y distinta a la que
existía cuando se suscribió el acuerdo y que
dicha situación estaba teniendo graves consecuencias
para el interés público, por lo que
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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