Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
que sólo reincorporándose a su puesto de trabajo
podrían optar a la aplicación de las bases
de las convocatorias de los concursos relativas
a la evaluación de méritos del mismo
modo que se aplican al resto de empleados 55 .
También tendrán derecho a participar en las
acciones formativas programadas o promovidas
por las Administraciones públicas.
Mas la garantía de indemnidad del representante
sindical «no excluye el ejercicio de
facultades organizativas por la Administración
a fin de alcanzar el resultado de eficacia
que impone el art. 103.1 CE» 56 . De esta concurrencia
entre la libertad sindical del funcio­
55 SSTC 90/2008, de 21 de julio, 137/2008, de 27
de octubre, 179/2008, de 22 de diciembre; y STSJ de
Aragón de 16 de junio de 2000 (Rec. núm. 18/2000).
56 Cfr. la STC 265/2000, de 13 de noviembre. En el
mismo sentido, entre otras muchas, las SSTC 17/1996,
de 7 de febrero, 202/1997, de 25 de noviembre,
336/2005, de 20 de diciembre, y 257/2007, de 17 de
diciembre.
Es decir, se prohíben las decisiones organizativas de
las Administraciones públicas en las que se detecten
móviles discriminatorios por razones sindicales, pero no
las decisiones organizativas que puedan ser razonables y
justificadas. Y así se ha estimado en relación con un funcionario
municipal que es designado de forma eventual
como encargado de mercado, que dicho puesto es
incompatible con la situación de liberado sindical, por
imposibilidad de prestación de la función señalada, lo
que motiva su cese como encargado [STS de 31 de marzo
de 1995 (Rec. núm. 1771/1991)]; que la concesión
de una comisión de servicios como Asesor de Formación
Permanente es incompatible con cualquier situación
que impida la efectiva incorporación al puesto, y en
consecuencia, la aceptación del permiso sindical supone
la renuncia del puesto de asesor, sin perjuicio de la
reserva del puesto de trabajo originario [STSJ de Castilla-
La Mancha de 19 de enero de 1999 (Rec. núm.
896/1996)]; o, en fin, que la denegación de la petición
efectuada por un liberado sindical a tiempo total de
poder realizar efectivamente las guardias de la Sección
de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Madrid a la que se
encuentra adscrito, responde a una adecuada organización
del citado servicio de guardia, sin que quepa atisbar
en la misma, ni de manera indirecta o indiciaria, propósito
alguno atentatorio al derecho de libertad sindical
[STSJ de la Comunidad de Madrid de 4 de mayo de
2005 (Rec. núm. 140/2003)].
nario público y la eficacia administrativa
podrá resultar que ciertos sacrificios impuestos
por la Administración al representante
sindical sean conformes con la Constitución.
Pero habrá de tratarse, en todo caso, de sacrificios
justificados en tanto que proporcionados,
esto es, adecuados, indispensables y ponderados.
Cuando se alegue que una determinada
decisión administrativa encubre en realidad
una conducta lesiva del derecho de libertad
sindical del representante, éste debe acreditar
la existencia de un fondo o panorama discriminatorio
general o de hechos de los que
surja la sospecha vehemente de una discriminación
por razones sindicales y, constando
esta prueba indiciaria, corresponde a la
Administración pública la carga de demostrar
que los hechos motivadores de su decisión
son legítimos o, aun sin justificar su licitud,
se presentan razonablemente ajenos a
todo móvil atentatorio del derecho de libertad
sindical 57 , no resultando suficiente la invocación
de una potestad genérica o de una norma,
pues, al estar involucrado un derecho
fundamental, es exigible que la Administración
exprese los motivos de su decisión 58 .
3ª) Los delegados sindicales no podrán ser
trasladados durante la vigencia de su mandato
representativo ni dentro del año siguiente
a su extinción, salvo que ésta se produzca por
revocación o dimisión, siempre que el traslado
se produzca por causas relacionadas con el
ejercicio de su representación [art. 41.1.e)
EBEP] 59 . De este modo, los representantes
unitarios y sindicales de los funcionarios
públicos, por el ejercicio legítimo de su función
representativa, no podrán ser perjudicados
a través de un traslado. Sin embargo,
57 SSTC 293/1995 y 257/2007, de 17 de diciembre.
58 SSTC 202/1997, de 25 de noviembre, y 257/2007,
de 17 de diciembre.
59 Por lo demás, según la STSJ Castilla-La Mancha de
15 de septiembre de 1999 (Rec. núm. 826/1999), el
plazo de mantenimiento de la garantía es de un año, sin
que la negociación colectiva pueda incrementarlo.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93