Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
cipio sumamente genérico y relativamente
indeterminado, que, no obstante, tiene carácter
vinculante, requiere, como ha expresado
el TC, de una tarea de concreción por los
poderes públicos, pues su previsión constitucional
entraña una remisión a la decisión del
legislador «respecto de las normas, medios e
instrumentos que se concrete la consagración
de la eficacia» (STC 22/1984, de 17 de febrero
10 ), que se proyectará en todas las que
pudieran considerarse como manifestaciones
jurídicas del mismo y, en particular, en las
que confluyen en su esfera interna, esto es, en
la capacidad de autoorganización de la Administración
Pública, en la organización de sus
recursos económicos y humanos.
En ésta, como en otras tareas, se ha expresado
que el principio exige (y ésta es la aptitud
que debe pedirse a la Administración)
optimizar la relación entre los recursos y los
fines u objetivos y la racionalización de la
gestión o, lo que es lo mismo, la consecución
más intensa o más rápida de los objetivos con
el mismo coste o en la reducción de éste con
mantenimiento del nivel de cumplimiento de
los fines 11 , obteniendo, se dice, el máximo
grado de utilidad o de rendimiento en los
resultados concretos a alcanzar 12 , sin menoscabar
los derechos fundamentales de la persona
o los valores superiores del ordenamiento
jurídico, entre ellos, el de igualdad.
ministración Pública», D. A. , num. 218-219, pág. 19 y
20; del mismo autor, Eficacia y Administración. Tres estudios,
MAP, 1995.
10 Cfr. otras sentencias del TC, entre ellas, SSTC
27/1987, de 27 de febrero, 178/1989, de 2 de noviembre,
42/1990, de 15 de marzo, 41/1991, de 28 de febrero.
11 LAVILLA RUBIRA, J. J.: op. ult. cit., pág. 2624.
12 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L.: op. ult. cit., pág.
338. Vid., también, PAREJO ALFONSO, L.: «La eficacia
como principio jurídico de la actuación de la Administración
Pública», D. A., núm. 218-219, 1989, para quien
la Administración Pública debe procurar siempre la
obtención del resultado pretendido con un mínimo de
recursos, pero siempre que dicha regla no se degrade a
la condición de ser una máxima de simple ahorro.
El nexo de conexión entre uno y otro principio,
el de objetividad y el de eficacia está en los
objetivos y fines a los que sirve la actuación de
la Administración Pública. Se cierra así el círculo
conectando esos principios a los «intereses
generales» y, en consecuencia, el grado de
eficacia dependerá de la precisión en la determinación
normativa del interés general.
1.2. Organización y gestión «eficiente»
del empleo público en el modelo
económico de desarrollo sostenible
Decíamos que los principios constitucionales
informan la actuación ad extra y ad intra
de la Administración Pública o, lo que es lo
mismo, en lo que refiere a esa segunda esfera,
son un mandato dirigido a aquella para que
actúe conforme a los mismos en tanto que
organización por cuenta de la que, y bajo su
dirección, prestan servicios los denominados
empleados públicos. Lo que quiere decir que
esos principios trascienden también a la
organización y dirección de la prestación de
servicios de su personal. En efecto, si la
Administración ha de actuar con objetividad,
eficacia y con respeto a la legalidad vigente,
en aras a la consecución del interés general o
público, deberá adecuarse a ellos también en
la planificación, organización y dirección de
sus recursos humanos, en la organización de
su personal, lo que exige la publificación y
concreción de esos principios jurídicos, la
definición por los poderes públicos (primeramente,
por el legislador) de la prestación
mutua, delimitando el contenido y alcance de
la misma; o, lo que es lo mismo, definiendo los
derechos y deberes que conciernen a uno y
otro de los sujetos de la relación jurídica de
empleo público, a la Administración Público
en tanto que «empleadora» y a sus empleados,
cualesquiera que sea la naturaleza de la relación
jurídica que los une a aquélla, laboral,
funcionarial o estatutaria.
Desde esta perspectiva, respecto de la gestión
de los recursos humanos de la Adminis­
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