Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

60
INFORMES Y ESTUDIOS
Al margen de lo anterior, un aspecto interesante
del requisito de capacidad que se exige
al aspirante a empleado público es el de la
necesidad de conocimiento de las lenguas cooficiales
en las Comunidades Autónomas
bilingües. En este sentido, el apartado segundo
del artículo 56 del EBEP dispone que «las
Administraciones Públicas, en el ámbito de
sus competencias, han de prever la selección
de empleados públicos debidamente capacitados
para cubrir los puestos de trabajo» en
tales Comunidades Autónomas (Cataluña,
País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana e
Islas Baleares). Este precepto debe ponerse
en conexión con el artículo 54.11 del EBEP
que dispone que los empleados públicos
«garantizarán la atención al ciudadano en la
lengua que solicite siempre que sea oficial en
el territorio»; lo que no se plantea como una
obligación directa dirigida al empleado público
de atender en la lengua autonómica al
administrado, sino, «matizadamente, a
garantizar tal atención, garantía que quedaría
cumplida si el empleado remitiera al
administrado a otro empleado público conocedor
de dicha lengua; en tal caso sería la Administración
y no el empleado la que estaría
obligada a garantizar la atención del ciudadano
en la lengua autonómica» 62 .
Respecto a la exigencia del conocimiento
de las lenguas cooficiales en el ámbito de las
respectivas Comunidades Autónomas 63 ya el
TC, en su conocida sentencia 46/1991, de 28
62 A. MONTOYA MELGAR, «Las Administraciones Públicas
como empresarios laborales (Un estudio a la luz del
nuevo Estatuto del Empleado Público)» en Relaciones
laborales en las Administraciones Públicas, p. 479.
63 R. PARADA VÁZQUEZ, denuncia una peligrosa práctica
que se le llevado a cabo en estas CCAA, por la que
se exige acreditar para el ingreso en su función pública,
el conocimiento de la propia lengua autonómica, pero
no se establecen pruebas que acrediten el conocimiento
del castellano, por lo que poco a poco será aquella
lengua la que se hablará y escribirá en las Administraciones
de esa CCAA. Derecho Administrativo II. Organización
y Empleo Público, 21ª ed., Marcial Pons, Madrid,
2010, p. 488.
de febrero, señaló que esta resultaba constitucional,
sobre la base de los principios de
mérito y capacidad; matizando, no obstante,
que este requisito debía guardar proporcionalidad
con la función o puesto a desempeñar,
considerando contrario al derecho a la igualdad
exigir un nivel de conocimiento del idioma
cooficial en la Comunidad Autónoma que
no guarde relación alguna con la capacidad
requerida para desempeñar la función de que
se trate. Del conjunto de otras Sentencias del
TC y del TS puede extraer la doctrina legal
vigente, como así lo hace la STS de 8 de marzo
de 1999 64 : a) el principio general es que el
conocimiento de la lengua vernácula pueda
valorarse como mérito, pero no eliminatorio;
y b) para concretas y determinadas plazas,
los órganos competentes pueden darle tal
carácter a la prueba de conocimiento del idioma
cooficial de la respectiva Comunidad
Autónoma, siendo la finalidad de esta excepción
la de proveer a la misma de personal de
habla de la lengua propia como modo de
garantizar el derecho a usarla por parte de
los ciudadanos; por el contrario, se considerará
discriminatoria esta exigencia si se impone
para cubrir plazas que no están directamente
vinculadas a tal circunstancia 65 .
Tener más de dieciséis años 66 y no exceder,
en su caso, de la edad de jubilación forzosa.
Así, la anterior edad mínima exigida para el
acceso a los cuerpos de funcionarios se reduce
ahora anticipándose, en dos años, a la mayo­
64 (RJ 1999, 2743). En la que se citan otras muchas
sentencias del TC (82/1986, de 26 de junio, 84/1986, de
26 de junio ó 46/1991, de 28 de febrero y del TS (como
la de 8 de julio de 1994 (RJ 1994, 6013) o la de 19 de
febrero de 1996 (RJ 1996, 1560)).
65 Entre otros, un ejemplo en la STS de 18 de enero
de 2000 (RJ 2000, 1227), sobre la exigencia del conocimiento
del euskera para cubrir plazas de fontanería, pintura
y albañilería.
66 En concordancia con lo dispuesto en el Convenio
138 de la OIT, de 1973 (ratificado por España en 1977)
sobre la edad mínima de admisión al empleo y en la
Directiva 94/33/CE, del Consejo de 22 de junio, relativa
a la protección de los jóvenes en el trabajo.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93