Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
diciones de la relación estatutaria, amparada
por la facultad de cambiar la organización
administrativa por necesidades del servicio y
para un mejor funcionamiento y cumplimiento
de sus objetivos 9 .
Tampoco podemos calificar la inamovilidad
de absoluta en la medida en que opera la
evaluación del desempeño de los distintos
puestos de trabajo, como factor que puede
conllevar la no continuidad en el desempeño
de los mismos. Lo mismo cabe deducir de las
posibles sanciones de suspensión o separación
del servicio, o de otro cambio de destino
forzoso que se prevea por las legislaciones de
desarrollo del EBEP 10 .
2.1.2. ¿Existe un derecho a la inamovilidad
para los empleados públicos
laborales?
Cuando el art. 14.a) EBEP reconoce el
derecho a la inamovilidad, sólo lo proyecta
sobre la figura del funcionario de carrera,
como hemos señalado, quedando fuera de su
campo subjetivo de aplicación el personal
laboral. No obstante, si tenemos en cuenta
que el art. 83 EBEP se refiere a la negociación
colectiva como fuente reguladora de la provisión
de puestos y la movilidad del personal
laboral; añadiendo que, «en su defecto», habrá
que acudir a la regulación normativa prevista
en estos casos para el personal funcionario de
carrera; entonces, de algún modo, se puede
afirmar que el derecho al cargo o al desempeño
del puesto de trabajo se extiende también
al personal laboral 11 , en virtud de dicha remisión
que hace el legislador para que la norma­
9 Entre otras, STC 293/1993, de 18 de octubre, y
STS-CA 2 julio 2001.
10 F. A. CASTILLO BLANCO: «Capítulo Cuarto. Los derechos
individuales de los empleados…», cit., pág. 140.
De ahí que este autor prefiera entender la inamovilidad
más como una garantía funcional, que como una prerrogativa
personal del funcionario público.
11 J. M. LÓPEZ GÓMEZ: La relación laboral especial…,
cit., pág. 222.
tiva funcionarial opere de forma subsidiaria
en las relaciones públicas laborales.
Una vez realizada esta afirmación, en
seguida conocemos la diferencia de situaciones:
mientras que el funcionario de carrera
queda efectivamente protegido en su estabilidad
en el empleo, sin embargo el empleado
público laboral puede ser despedido improcedentemente
(salvo en caso de despido disciplinario
improcedente –art. 96.2 EBEP–), optando
el empresario por extinguir dicha relación
laboral a cambio de una indemnización, al
igual que puede ser despedido por causas
objetivas a cambio de la indemnización
correspondiente. Por ello, sería más ajustado
a Derecho concluir que se produce un reconocimiento
teórico, implícito y subsidiario del
derecho a la inamovilidad a favor de los
empleados públicos laborales en el art. 83
EBEP, pero que no se ve materializado en la
práctica, como consecuencia de la propia
naturaleza jurídica del vínculo laboral, que la
separa del vínculo administrativo del funcionario
público.
De acuerdo con el art. 83 EBEP, los convenios
colectivos constituyen la fuente reguladora
de la provisión de puestos y de la movilidad
del personal laboral, en cuyo defecto, actuaría
supletoriamente la regulación prevista para
los funcionarios de carrera. En la negociación
colectiva no se ha producido vacío al respecto.
Si acudimos al II Convenio Colectivo Único
para el personal laboral de la Administración
General del Estado (AGE), en su art.21 se dispone
lo siguiente: «Los órganos competentes
de la Administración General del Estado
podrán acordar en el ámbito de este Convenio,
la movilidad funcional entre puestos de trabajo
dentro del grupo profesional al que pertenezca
el trabajador, con las únicas limitaciones
de la titulación académica o profesional
exigida para ejercer la prestación laboral y de
las aptitudes de carácter profesional necesarias
para el desempeño del puesto de trabajo,
que podrán completarse, previa realización, si
ello fuera necesario, de procesos básicos de
formación y adaptación».
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93