Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
vada, en particular en cuestiones retributivas,
en la medida en que supondría inaplicar
el salario de convenio para acudir al SMI 16 .
Pues bien, partiendo de que hay trabajadores
de la Administración que no cuentan con
un convenio propio y se rigen por un convenio
colectivo sectorial pueden cuestionarse dos
aspectos.
En primer lugar, sobre la aplicación de los
referidos límites a los incrementos salariales
en el sector público, esto es, si los topes de la
Ley General de Presupuestos del Estado
rigen también para un convenio colectivo sectorial,
en la medida en que la Administración
no participa en su negociación 17 . Constituye
un punto espinoso porque son convenios
colectivos negociados para el sector privado y
para los que, por consiguiente, no se habrá
solicitado informe previo a la firma ni se
habrá considerado ningún tipo de limitación
de la Ley de Presupuestos. Pues bien, a pesar
de ello, el crecimiento salarial deberá desarrollarse
dentro de los márgenes de la política
de rentas del empleo público marcado por
el Estado, si, llegado el caso, se aplica a una
Administración Pública, porque en las sucesivas
Leyes de Presupuestos se exige el informe
previo no sólo para la «firma de convenios
16 STS 7 de octubre de 2004 (RJ 2005, 2167) seguida
por la de 1 de junio de 2005 (RJ 2005/7320). Doctrina
que es seguida de forma generalizada por los distintos
Tribunales Superiores de Justicia, entre otras, STSJ
Madrid de 24 de abril de 2006 (rec. 410/2006); Castilla-
La Mancha 9 de enero de 2007 (rec. 1323/2005); Cataluña
25 de abril de 2007 (rec. 2017/2006) y 20 de
diciembre de 2007 (rec. 151/2006): País Vasco 19 de
junio de 2007 (rec. 1076/2007) y 1 de abril de 2008
(rec. 2999/2007); Murcia 2 de julio de 2007 (rec.
773/2007); Galicia 22 de mayo de 2008 (rec.
1066/2008); Aragón 30 de diciembre de 2008 (JUR
2009/113779).
17 Amplia y certeramente al respecto, TORRENTS
MARGALEF, J., «Las singularidades de la negociación
colectiva del personal laboral en las Administraciones
Públicas», AA.VV. (Dir. VALDÉS DAL-RÉ, F.) Manual Jurídico
de negociación colectiva, La Ley, Madrid, 2007, pág.
1289.
colectivos suscritos» por los distintos organismos
de la Administración sino también para
«la aplicación (…) de los convenios colectivos
sectoriales, así como sus revisiones y las
extensiones y adhesiones a los mismos». Es
decir que, aunque el límite presupuestario no
opera en el momento de la celebración del
convenio colectivo, puesto que la Administración
no participa como negociador, sí que
deberá tenerse en cuenta si finalmente se
aplica también al sector público, porque si
resulta que el convenio colectivo negociado
supera los topes salariales de las Leyes Presupuestarias,
habrá que realizar las oportunas
correcciones. Las cláusulas que impliquen
una subida de la masa salarial por encima
de la prevista en la Ley de Presupuestos
anual tendrán que sustituirse para los
empleados públicos por el porcentaje máximo
impuesto en la Ley de Presupuestos.
En segundo lugar, teniendo en cuenta las
dificultades económicas por las que atraviesan
algunas Administraciones Públicas, cabe
plantearse si antes que dejar de prestar a los
ciudadanos determinados servicios, al resultarle
excesivamente gravoso en relación con
sus disponibilidades económicas, y extinguir,
en consecuencia, los contratos de trabajo
afectados a esas actividades, puede optarse
por inaplicar el régimen salarial del convenio
colectivo sectorial. Pues bien, la respuesta
debe ser claramente afirmativa. Una cosa es
que el mantenimiento de un servicio sea independiente
de su carácter deficitario y otra
que acreditada una situación de notoria crisis
económica una Administración no pueda
dejar de prestar determinados servicios,
reducir la plantilla o, lo que aquí se plantea,
inaplicar el convenio colectivo. Como en cualquier
empresa, el descuelgue actuará como
medida defensiva, esto es, para evitar los despidos
que se producirían de deteriorarse la
situación económica como consecuencia de la
aplicación del convenio sectorial. Algo que,
por otra parte, deviene mayormente factible
con la nueva regulación legal, en la medida
que cambia radicalmente de orientación,
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93