Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

En fin, como vemos la doctrina constitucional
y la jurisprudencia reconocen sin ambages
la primacía de la ley sobre los convenios colectivos
en razón a que el convenio está sometido
al principio de jerarquía normativa y en ella la
ley ocupa una posición superior.
No podemos en este artículo profundizar
en el estudio de esta doctrina del TC y jurisprudencia
del TS, ya que eso desbordaría el
propósito y la extensión del mismo, pero si
nos parece oportuno, en cambio, hacer algunas
consideraciones para dejar apuntado, al
menos, por qué planteábamos esta cuestión
con una interrogación..
El argumento fundamental en el que nos
basamos para plantear con interrogantes la
cuestión de si una ley puede modificar lo pactado
en la negociación colectiva con anterioridad
a su entrada en vigor es que la CE en su
artículo 9, además de garantizar el principio
de legalidad y el de jerarquía normativa, también
garantiza los principios de seguridad
jurídica, el de la irretroactividad de las disposiciones
restrictivas de derechos individuales
y el de la interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos. Por lo tanto, desde nuestro
punto de vista, no parece que pueda ser
suficiente, para que una ley pueda modificar
lo pactado en un convenio colectivo que esté
en vigor en el momento de aprobarse la misma,
invocar el principio de jerarquía normativa
sin más, ya que con la aprobación de una
ley con esa finalidad quedarían afectados y no
se garantizarían, otros principios que, como
el principio de jerarquía normativa, también
están garantizados por la CE, de manera
especial el de seguridad jurídica.
Otro argumento, a nuestro juicio de peso,
es que entendemos que la ley no puede invadir,
en cualquier momento y para regular
cualquier materia, el campo de juego que la
CE ha reservado a la negociación colectiva,
pues aceptar esto supondría instalar la inseguridad
permanente en las relaciones laborales
y vaciar de contenido el derecho a la negociación
colectiva. Desde luego, no creemos
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
que pueda permitirse eso con la aplicación del
principio de jerarquía normativa. Entendemos,
por otra parte, que esa interpretación no
se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional,
pues aún siendo cierto que la misma
acepta la posibilidad de que la ley reserve
para si, de manera exclusiva y excluyente,
aspectos de la regulación de las relaciones
laborales que de otro modo correspondería su
regulación a la negociación colectiva, y que
pasarían a tener en ese caso el carácter de
derecho necesario, es lo cierto no obstante
que el TC vincula esa posibilidad a la concurrencia
de circunstancias excepcionales.
Y un tercer y último argumento es que hay
que tener en cuenta que la doctrina constitucional
tan permisiva con la posibilidad de que
una ley pueda modificar un convenio colectivo
que esté vigente se elaboró, fundamentalmente,
a raíz de la aprobación de la ley de jornada
máxima legal, que la estableció en 40
horas, siendo así que una parte importante
de convenios colectivos tenían pactada una
jornada superior. Es decir, hacía una modificación
a mejor del convenio colectivo para los
trabajadores. Tenemos dudas de que el TC
hubiera mantenido el mismo criterio si el convenio
colectivo se hubiera modificado a peor.
Ahora bien, debe quedar claro que no
defendemos que no se pueda modificar a través
de una ley, un convenio colectivo, incluso
a peor. Entendemos que ello puede y debe ser
posible, eso si siempre que haya otros intereses,
también protegidos constitucionalmente,
que justifiquen dicha modificación y que la
decisión que se adopte supere el control idoneidad,
necesidad y proporcionalidad. . En el
fondo, esto es lo que debe haber pensado el
legislador del EBEP cuando ha introducido la
posibilidad de suspender o modificar los
acuerdos alcanzados en el marco de la negociación
colectiva de los funcionarios por causa
grave de interés público cuestión a la que nos
referimos a continuación.
Una última consideración nos parece oportuno
hacer y es que en este aspecto debería
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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