Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
mientras que el sistema sancionador del ET
reposa sobre la idea de proteger el interés privado
de la empresa frente a incumplimientos
contractuales de los trabajadores, el sistema
sancionador de la LEBEP pone énfasis en la
protección de la legalidad, el buen funcionamiento
del servicio público y los intereses
generales.
Por lo que se refiere a las faltas leves, el
art. 95.4 LEBEP parece olvidarse del personal
laboral, limitando su regulación a los funcionarios;
en efecto, dicho precepto dispone
que «las Leyes de Función Pública (…) determinarán
el régimen aplicable a las faltas
leves…». Pese al olvido, no hay duda de que
será también la negociación colectiva la competente
para proceder a tipificar esas faltas y
sus correspondientes sanciones, analógicamente
a lo que ocurre con las faltas graves, y
de conformidad con lo dispuesto en el art.
94.2.a LEBEP, que encarga a la negociación
colectiva la tipificación de dichas faltas y sanciones
en general.
La LEBEP contiene unas escuetas reglas
sobre sanciones por faltas del personal laboral
de las Administraciones Públicas, sanciones
que, lógicamente, deben ser proporcionadas
al carácter doloso o culposo de la falta, al
«daño al interés público», a su posible reiteración
y al grado de participación del imputado
(art. 96.3 LEBEP).
Respecto de las faltas muy graves de los
trabajadores, la LEBEP se ocupa de fijar una
sanción única –el despido disciplinario–, que
para el personal laboral significa lo que la
separación del servicio para los funcionarios.
En efecto, desde el punto de vista técnicojurídico
la comisión de faltas muy graves por
parte de un funcionario puede dar lugar a su
«separación del servicio» [art. 96.1.a) LEBEP],
mientras que esas faltas provocan el «despido
disciplinario» del trabajador. Tal despido tiene
la singularidad de que debe ir precedido de
un procedimiento administrativo sancionador
(«expediente disciplinario», al que se
refiere el art. 96.2 LEBEP 85 ); en el mismo
sentido, el art. 94.3 alude a la «instrucción de
un procedimiento disciplinario» en el que se
separarán las fases instructora y sancionadora,
atribuyéndose a órganos distintos (art.
98.2) 86 , todo ello sin perjuicio de que la regulación
concreta del procedimiento se encomiende
al desarrollo reglamentario de la
LEBEP (art. 98.2).
Particularidad destacada del despido de
los trabajadores fijos al servicio de la Administración
es también la de que, declarado tal
despido improcedente, la regla del art. 56.1
ET de que el empresario puede optar entre
readmitir o indemnizar al trabajador despedido,
quiebra (art. 96.2 LEBEP), de modo que
todo trabajador fijo despedido de modo improcedente
por una Administración Pública ha
de ser necesariamente readmitido por ella.
La Administración tiene en efecto la obligación
única de readmitir, dados los términos
legales («procederá la readmisión del personal
laboral fijo cuando sea declarado improcedente
el despido…»); y ello por imperativo
legal expreso, y no, como en alguna ocasión se
ha argumentado, porque la Administración
tenga vedada la opción a favor de la indemnización
al estar vinculada por la interdicción
de la arbitrariedad a que la obliga el art. 9.3
CE, pues admitir esta tesis sería tanto como
reconocer que el ET permite a los empresarios
privados tal arbitrariedad, siendo así que
cuando éstos optan por la indemnización
obran exactamente secundum legem. Por lo
que se refiere a los trabajadores no fijos (sean
temporales o incluso indefinidos, según la
tipología jurisprudencial asumida por la
LEBEP: art. 8.2.c), la consecuencia del despido
declarado improcedente será la tradicional
85 Y al que ya ser refería, sin acudir a más remotos
precedentes, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
de 1964 (art. 92, derogado por la LEBEP).
86 Separación de fases prevista en el art. 134.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93