Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
Por su parte, la Disp. trans. 4ª de la
LEBEP prevé la estabilización del personal
temporal mediante «convocatorias de consolidación
de empleo»; previsión que parece referida
tanto a los funcionarios interinos como al
personal laboral con contrato de duración
determinada.
3.3. El régimen de incompatibilidades
de los empleados públicos
como garantía del interés general
Otro rasgo peculiar del régimen de los trabajadores
al servicio de las Administraciones
viene siendo la existencia de incompatibilidades
legales con el desempeño de la actividad
en el sector público. Aunque el art. 103.3 CE
refiere «el sistema de incompatibilidades»
exclusivamente a los funcionarios públicos, la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las
Administraciones Públicas 43 extiende su
ámbito de aplicación genéricamente al «personal»
de la Administración del Estado,
Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales, Seguridad Social, etc., «cualquiera
que sea la naturaleza jurídica de la relación
de empleo» (art. 2.2), incluyendo por tanto al
personal laboral 44 . El régimen de incompatibilidades,
no afectado por la LEBEP, obedece
al principio «de la dedicación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas a
43 Desarrollada por RD 598/1985, de 30 de abril.
Cfr. TOROLLO GONZÁLEZ, Francisco Javier, «El Derecho del
Trabajo en la función pública: consecuencias de la Ley
de Incompatibilidades», REDT, 1991, Nº 50.
44 En este sentido, SsTS/CA 17 de noviembre de
1987, 7 de diciembre de 1987 y 15 de febrero de 1999.
La Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se
publican las Instrucciones de 5 de junio de 2007, para la
aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en
el ámbito de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, reitera en su Instrucción 14 la
inclusión en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984
del personal funcionario y laboral de todos los Organismos
Públicos, fundaciones y consorcios.
un solo puesto de trabajo» (E. de M. de la Ley
53/1984), principio inspirado en la «satisfacción
de los intereses generales de los ciudadanos»
y en «la imparcialidad y el interés
común, al margen de cualquier otro factor
que exprese posiciones personales, familiares,
corporativas, clientelares o cualesquiera
otras que puedan colisionar con este principio»,
como dice actualmente el art. 53.2
LEBEP al relacionar los que llama «principios
éticos» de la actuación de los empleados
públicos.
Esta exigencia de incompatibilidad contrasta
con el régimen contenido en la legislación
laboral, en la que se otorga prioridad al
derecho al trabajo consagrado en el art. 35.1
ET, consagrándose lo que se ha denominado
«la libertad de pluriempleo como regla general»
45 ; recuérdese cómo el art. 21 ET se limita
a prohibir el trabajo para diversos empresarios
cuando constituya «concurrencia desleal»
o cuando se haya celebrado un pacto de «plena
dedicación» con la oportuna compensación
económica 46 .
3.4. Limitaciones en la determinación
de las retribuciones
En materia salarial viene rigiendo la regla
de que el incremento de la masa salarial
correspondiente al personal laboral de las
Administraciones ha de fijarse anualmente
en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado 47 ; regla reiterada por el
45 La expresión en GODINO REYES, Martín, El contrato
de trabajo en la Administración Pública, cit., págs. 229
y ss.
46 Cfr. MONTOYA MELGAR, Alfredo, et al., Comentarios
al Estatuto de los Trabajadores, 8ª ed., Thomson Reuters/Civitas,
2010, págs. 229 y ss.
47 «Una práctica habitual desde la ley 44/1983, de
Presupuestos Generales del Estado para 1984», como
recuerda LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, El régimen jurídico
del personal laboral de las Administraciones Públicas,
cit., págs. 402 y ss. Vid. sobre las retribuciones de los
funcionarios y personal laboral del sector público estatal,
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93