Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

234
INFORMES Y ESTUDIOS
competencia exclusiva en dicha materia,
careciendo de ella las Comunidades Autónomas,
a las que únicamente se atribuyen competencias
ejecutivas (art. 149.1.7ª CE); como,
por otra parte, evidencia el artículo 6 del
EBEP cuando al establecer que las Comunidades
Autónomas aprobarán la legislación
que desarrolle el EBEP se refiera únicamente
a los funcionarios públicos y no al personal
laboral; de suerte que, en principio, la legislación
autonómica no podrá regular ex novo el
régimen jurídico de sus empleados públicos
laborales ni el de las Entidades Locales existentes
en su territorio, limitándose a recoger
en su normativa lo previsto en el EBEP, en
las normas estatales que lo desarrollan y en
la legislación laboral, incluido los productos
de la negociación colectiva. Como señala la
STC 190/2002, de 17 de octubre (RTC 2002,
190) «las Cortes Generales y no las Asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas
son las que ostentan la potestad legislativa
en el ámbito laboral», aclarando, además,
que «la competencia estatal incluye en
el término los reglamentos tradicionalmente
llamados ejecutivos, es decir, aquellos que
aparecen como desarrollo de la Ley y, por
ende, como complementarios de la misma
entendiendo por consiguiente como legislación
laboral aquélla que regula directamente
la relación laboral».
Junto a la legislación laboral, la referencia
al EBEP parece estar admitiendo a éste como
única legislación estatal no laboral aplicable
al empleado público laboral, sin dar entrada a
otra legislación estatal que pudiera contener
preceptos aplicables al personal laboral, concretamente,
por poner un ejemplo, la normativa
en materia de selección 1 o la normativa
1 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedi­
sobre incompatibilidades 2 . No obstante, no es
posible defender esta acotación del régimen
jurídico de los empleados públicos laborales
dado que el legislador al efectuar la derogación
de las norma precedentes al Estatuto, no
ha llevado a cabo una derogación total de esa
otra legislación estatal que puede contener
preceptos aplicables al personal laboral. Además
la cláusula de cierre contenida en el apartado
g) de la Disposición Derogatoria Única
del EBEP sólo establece la derogación de las
normas de igual o inferior rango que se opongan
o contradigan a lo dispuesto en el EBEP.
En definitiva, la Disposición Derogatoria Única
del EBEP refleja la intención del legislador
de no llevar a cabo una completa derogación
de la legislación precedente sobre el empleo
público laboral, apostando por el mantenimiento
de las fuentes normativas precedentes
que no sean contrarias a la nueva regulación,
dejando vigente varios preceptos de la legislación
precedente por ser conformes a la nueva
regulación recogida en el EBEP, lo que debe
llevarnos a sostener la vigencia de dicha normativa
a pesar de la acotación concreta y precisa
que efectúa el artículo 7 del EBEP.
Desde esta aproximación general, la existencia
de dos grandes bloques normativos
que disciplinan el régimen jurídico del personal
laboral, por un lado la legislación estatal
no laboral, y, por otro lado, la normativa laboral,
ya sea legal o convencional, puede hacer
aflorar problemas a la hora de dar respuesta
a cuestiones relativas al empleado público
laboral.
Un primer tipo de problemas se puede
plantear por la existencia de divergencias
entre lo previsto en el EBEP y el resto de la
legislación estatal no laboral, que habrá de
resolverse a favor de lo dispuesto en el EBEP
miento de selección de los funcionarios de Administración
Local.
2 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93