Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

opción por el empresario entre readmisión e
indemnización, prevista en el art. 56.1 ET.
Si la Ley quiere configurar a las Administraciones
como «patronos modelo» (como se
decía en los orígenes de la legislación
social 87 ), obligándolas a readmitir en todo
caso a los trabajadores fijos que hubiera despedido
de modo improcedente, también quiere
proteger a la Administración frente a sus
empleados poco escrupulosos, agravando el
despido disciplinario (procedente) con la obligada
sanción aneja de «inhabilitación para
ser titular de un nuevo contrato de trabajo
con funciones similares a las que desempeñaban»
[art. 96.1.b) LEBEP] La inhabilitación
afecta al trabajo en el sector público, rigiendo
para contratar de nuevo tanto con la Administración
que despidió al empleado como con
cualquier otra Administración; así se desprende
del art. 56.1.d) LEBEP, que exige,
como requisito imprescindible para participar
en procesos selectivos para ocupar un
puesto similar «no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas».
Tanto el art. 56.1.d) como el 96.1.b)
LEBEP coinciden en circunscribir la inhabilitación
al caso de que el trabajador intentara
ser re-contratado para ejercer «funciones
similares» a las que venía desempeñando al
ser despedido.
La diferencia en este punto entre el despido
regulado en la LEBEP y el regido por el ET
y LPL es notoria, pues según estas normas
laborales nada impide que un trabajador despedido
pueda ser contratado por otro empresario
(e incluso, aunque sea improbable, por
el mismo que le despidió) en un empleo similar
o igual. En fin, la prohibición de participar
en los procesos selectivos para el empleo
87 Cfr. MONTOYA MELGAR, Alfredo, Ideología y lenguaje
en las leyes laborales de España (1873-2009), 2ª ed.,
Thomson Reuters/Civitas, 2009, págs. 92 y ss.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
público alcanza también a los extranjeros que
se hallen sometidos a inhabilitación o sanción
disciplinaria que impidan en su respectivo
país el acceso a dicho empleo público [art.
56.1.d) LEBEP].
El art. 96.1 LEBEP enumera otras posibles
sanciones –permitiendo en su apartado
g) que la ley establezca otras más, autorización
por lo demás innecesaria–, sin indicar a
qué tipo de faltas corresponden. Así, se refiere
expresamente a la suspensión de empleo y
sueldo de hasta seis años del personal laboral
[art. 96.1.c) LEBEP], suspensión cuya duración
se graduará de acuerdo con la mayor o
menor gravedad de la falta. Otros tipos de
sanciones parecen comunes a trabajadores y
funcionarios (traslado forzoso, apercibimiento)
y otros, exclusivos para funcionarios
(«demérito» y separación del servicio).
La Ley impone unas reglas de forma a las
que ya se ha aludido –expediente disciplinario
rápido con separación de las fases de instrucción
y sanción, importando las reglas del
proceso penal– que rigen respecto de todo el
personal de las Administraciones, tanto para
la imposición de las sanciones muy graves
como de las graves (art. 98.1 LEBEP). Respecto
de las leves, la Ley prevé un procedimiento
sumario con audiencia del interesado
(art. 98.1 cit.).
También en materia de prescripción de faltas
la LEBEP (art. 97) desplaza al ET, estableciendo
un régimen jurídico mucho más
gravoso para el trabajador al fijar plazos
notablemente más largos que los establecidos
en el art. 60.2 ET: tres años para las infracciones
muy graves, dos años para las graves y
seis meses para las leves, frente a los sesenta,
veinte y diez días que fija el ET. La LEBEP
añade además plazos de prescripción de las
sanciones (tres, dos y un año, respectivamente,
para las sanciones por faltas muy graves,
graves y leves).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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