Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
EL RECORTE SALARIAL PARA EL PER­
SONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLI­
CO IMPULSADO POR EL REAL DECRE­
TO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO
Cuestión conectada a la anterior y que ha
suscitado una importante controversia es la
reducción del salario de los empleados públicos
llevada a cabo por el Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción
del déficit público; en concreto, por lo que
aquí interesa, la previsión de que la masa
salarial del personal laboral del sector público
experimentaría, a partir del 1 de junio de
2010, un recorte equivalente a la minoración
del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de
los conceptos retributivos que integran la
nómina y que les corresponde percibir a estos
empleados públicos según los convenios
colectivos, a excepción de lo que se refiere a la
paga extraordinaria del mes de junio de 2010
a la que no se aplicó la citada reducción.
Dejando a un lado consideraciones de tipo
político, los puntos clave son, de un lado, la
validez de la fórmula legal utilizada para llevar
a cabo la rebaja salarial y, por otro, si al
dejar fuera del recorte salarial a algunos
empleados públicos se ha podido vulnerar el
derecho a la igualdad. Cuestiones que aborda
un reciente auto de la Audiencia Nacional, y
que la lleva a elevar cuestión de constitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional sobre
si el Real Decreto-ley 8/2010 ha vulnerado o
no el contenido esencial del derecho a la libertad
sindical en relación con el derecho de
negociación colectiva y el derecho a la igualdad
9 .
da esa masa salarial, los empleados públicos perdieran el
derecho a la retribución por los servicios prestados. Véase
también al respecto la STSJ Cataluña de 17 de enero
de 2006 (AS 2006/443).
9 Auto núm. 63/2010 de 28 de octubre de la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional (JUR 2010/382573),
sobre la aplicación de la reducción retributiva impulsada
por el RDL 8/2010 a la Fábrica Nacional de Moneda y
Siguiendo con el orden marcado, no parece
que en este caso existan dudas sobre la concurrencia
de la nota positiva del art. 86.1 CE,
como tampoco las alberga la Audiencia Nacional
10 . Atendiendo al texto del Preámbulo,
puede admitirse la existencia de la «necesidad»
requerida: la dureza y profundidad de la
crisis económica y el grave deterioro que ha
supuesto para nuestras Finanzas Públicas, la
evolución de la coyuntura económica y los
compromisos adquiridos por nuestro país en
el ámbito de la Unión Europea, que obligaban
a acelerar, en 2010 y 2011, la reducción del
déficit inicialmente previsto, mediante la
adopción de determinas medidas, entre las
que se sitúa el recorte de la masa salarial del
sector público en un 5% anual, para de esta
forma retomar la senda de la consolidación
fiscal y restablecer la confianza de los mercados.
Al igual que también puede apreciarse el
carácter «extraordinario» y «urgente» de la
necesidad, pues de no haberse acometido
dichas medidas con rapidez, seguridad y
determinación, muy probablemente, los ataques
especulativos contra la economía española
se habrían intensificado poniendo en
peligro la confianza en la moneda única y en
la estabilidad de la eurozona. En definitiva,
una coyuntura económica adversa y unos
objetivos gubernamentales que le permiten al
Tribunal apreciar la extraordinaria y urgente
necesidad que refiere el art. 86.1 de la CE
como presupuesto habilitante para la utilización
por el Gobierno de los Decretos-leyes, al
menos en una entidad suficiente como para
no plantear su inconstitucionalidad.
Timbre. Al respecto, ROQUETA BUJ, R., «El Real Decretoley
8/2010, de 20 de mayo, y el derecho a la negociación
colectiva de los empleados públicos, AAN de 28 de
octubre de 2010 (Proc. núm. 128/2010)», Aranzadi
Social, en prensa.
10 Que entiende que la intervención del Gobierno
estaba causada por una necesidad extraordinaria y
urgente y que no se actuó de forma abusiva y arbitraria
ni, desde esta perspectiva, se invadieron las facultades
reservadas a las Cortes Generales, FJ Sexto Auto núm.
63/2010 de 28 de octubre de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional (JUR 2010/382573).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93