Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
haber un tratamiento común para la negociación
colectiva de los funcionarios y del personal
laboral, pues si de lo que se trata es de salvaguardar
el interés público al que sirven las
Administraciones Públicas, que es el empleador
de uno y otro tipo de personal, parece lógico
que a ese fin contribuyan todos los empleados
públicos, eso sí de manera proporcionada
a su situación; pero lo que no tiene sentido es
que esos sacrificios se impongan a unos
empleados públicos y a otros no en razón a la
naturaleza jurídica de su relación.
• Las Administraciones Públicas pueden
desvincularse unilateralmente
de lo pactado en la negociación colectiva
de los empleados públicos por causa grave
de interés público
Es normal que los ordenamientos jurídicos
contemplen medidas excepcionales para proteger
o defender el interés público cuando
concurran, asimismo, circunstancias excepcionales.
Por ello parece también normal que
el artículo 38.10 del EBEP prevea, después de
decir que se garantiza el cumplimiento de los
pactos o acuerdos, la posibilidad de que excepcionalmente
y por causa grave de interés
público, derivada de una alteración sustancial
de las circunstancias económicas (se entiende
que de las que existían en el momento de la
firma de los acuerdos), los órganos de gobierno
de las Administraciones Públicas suspendan
o modifiquen el cumplimiento de los Pactos
y Acuerdos ya firmados, en la medida
estrictamente necesaria para salvaguardar el
interés público. Y también parece normal,
como dice el indicado artículo, que las Administraciones
Publicas informen a las organizaciones
sindicales de las causas que justifican
la suspensión o modificación de los pactos
o acuerdos. Aunque hubiera sido más lógico
no sólo informar sino que, con carácter previo
a la toma de la decisión de suspender o modificar
los pactos o acuerdos, se abriera una
negociación y se intentara alcanzar un acuerdo;
entendemos que ello es más coherente con
los principios de obligatoriedad y de buena fe
negocial que informan y rigen la negociación
colectiva de los empleados públicos.
Así pues, el EBEP otorga a los órganos de
gobierno de las correspondientes Administraciones
Públicas poderes o facultades extraordinarios
y exorbitantes que les permiten
incumplir compromisos asumidos en la negociación
colectiva de los funcionarios públicos
por razones graves de interés público. Pero
sólo les permite ejercer esos poderes o facultades
excepcionales cuando se haya producido
una alteración sustancial del contexto que
existía cuando se firmó el pacto o acuerdo, y
en todo caso con un alcance muy limitado
Como ha puesto de manifiesto la doctrina
(ver el trabajo de Palomar Olmeda, A sobre
«La desvinculación de lo pactado en el
EBEP») lo que se hace en el indicado artículo
del EBEP es aplicar la cláusula «rebus sic
stantibus» que tiene su origen y se aplica en
el derecho de obligaciones y contratos y que
permite revisar unilateralmente lo pactado y
alterar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en el pacto, cuando hayan cambiado
sustancialmente las condiciones que sirvieron
de base al mismo.
Ahora bien, ¿qué alteración de las circunstancias
debe producirse para que sea sustancial
y para que habilite a los órganos de
gobierno a utilizar los poderes excepcionales
indicados? Y, por otra parte, ¿qué alcance
puede tener la modificación o suspensión de
los pactos o acuerdos en estos casos? Indudablemente,
dar respuesta a estas dos interrogantes
en un artículo como este, que tiene
unas limitadas pretensiones, no es posible
como fácilmente se puede comprender. No
obstante haremos algunas consideraciones.
En primer lugar, entendemos que podrían
servir de referencia, para determinar si se da
o no la concurrencia del cambio sustancial de
las circunstancias que exige la norma, las
consideraciones que ha hecho el TC para
determinar si se da la concurrencia de las circunstancias
extraordinarias que habilitan al
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