Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

Del mismo modo, la instalación de cámaras
de vídeo-vigilancia para controlar el desarrollo
de la prestación de servicios no vulnera
el derecho a la intimidad del trabajador si
se realiza de conformidad con el principio de
proporcionalidad 82 .
El derecho a la propia imagen ha sido definido
por la jurisprudencia constitucional
como «la facultad para evitar la difusión
incondicionada de su aspecto físico, ya que
constituye el primer elemento configurador
de la esfera personal de todo individuo, en
cuanto a instrumento básico de identificación
y proyección exterior, y factor imprescindible
para su propio reconocimiento como sujeto
individual» 83 . Se trata de proteger frente a las
reproducciones de la imagen que hagan reconocible
a la persona, y que afectan a la esfera
personal de su titular, aunque no a su honor
ni a su intimidad.
Como consecuencia de la protección jurídica
del derecho a la propia imagen, se exige el
consentimiento del funcionario para el
supuesto de que se vaya a reproducir su imagen,
aunque sea solo con meros fines de publicidad.
En relación con la orientación sexual, nos
encontramos ante un motivo contra cuya discriminación
se exige luchar, como establece el
art. 13 del Tratado de la Unión Europea y la
Directiva 2000/78/CE, de 27 noviembre 2000.
2.12.5. Las medidas contra el acoso sexual
y por razón de sexo, el acoso moral
y laboral
• Aspectos generales
Respecto del acoso sexual o por razón de
sexo 84 , aparece definido en el art. 7.1 LOI el
82 STC 186/2000, de 10 julio (FJ 7º).
83 STC 81/2001.
84 En relación con el Derecho europeo, y, en concreto,
la Recomendación de la Comisión de las Comuni­
R. YOLANDA QUINTANILLA NAVARRO
acoso sexual como cualquier comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo. Respecto del
acoso por razón de sexo, se concibe como cualquier
comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear
un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.
El art. 54.2.g ET considera que el acoso
sexual o por razón de sexo constituye un
incumplimiento contractual grave, susceptible
de despido disciplinario, del mismo modo
lo hace el art. 95.b EBEP, al considerarlos faltas
muy graves, que pueden conllevar la
separación del servicio o el despido, según se
trate de personal funcionario o laboral respectivamente.
Del mismo modo, el art. 8.13
LISOS tipifica el acoso sexual como ilícito
«cuando se produzca dentro del ámbito a que
alcanzan las facultades de dirección del
empresario». No obstante, en el ámbito de las
Administraciones Públicas no cabe la sanción
entre Administraciones, por el principio de
unidad de caja, lo que parece dejar impune
las actuaciones de acoso sexual y por razón de
sexo, y acoso moral en el trabajo 85 .
Tanto el EBEP como el ET establecen
mecanismos preventivos y sancionadores de
las conductas constitutivas de acoso sexual y
por razón de sexo de unos empleados contra
otros.
Para dicha prevención en el sector público,
han de negociarse colectivamente protocolos
dades Europeas de 27 de noviembre de 1991, como primera
norma que trata decididamente de llamar la atención
sobre el tema del acoso sexual, vid. F. A. CASTILLO
BLANCO: «Capítulo Cuarto. Los derechos individuales…»,
cit., pág. 161-163.
85 F. A. CASTILLO BLANCO: «Capítulo Cuarto. Los derechos
individuales…», cit., pág. 167.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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