Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
en que estén afiliados, no podrán desempeñar,
simultáneamente, en las Administraciones
públicas cargos de libre designación de
categoría de Director General o asimilados,
así como cualquier otro de rango superior»
(art. 3.2); – en tercer lugar, la Disposición
Adicional 3ª de la LOLS, en aras a preservar
la neutralidad sindical de las Fuerzas Armadas
3 , establece que «el derecho reconocido en
el apartado d) del número 1, artículo 2, no
podrá ser ejercido en el interior de los establecimientos
militares», afectando dicha limitación
al personal civil, funcionario y laboral,
que trabaja en los establecimientos militares,
toda vez que el personal funcionario de carácter
militar está excluido por completo de este
derecho; – en cuarto lugar, el art. 2.2.d) de la
LOLS se remite en cuanto al ejercicio de la
actividad sindical colectiva «a los términos
previstos en las normas correspondientes»,
de suerte que serán éstas últimas las que
establezcan las condiciones de su ejercicio y,
por ende, las peculiaridades del mismo.
En este contexto se sitúa el presente estudio
en el que se analiza la incidencia de la
regulación del EBEP sobre el derecho de
libertad sindical de los funcionarios públicos,
considerando por este orden los siguientes
temas: 1º) La representatividad sindical; 2º)
La representación sindical (las secciones y
delegados sindicales); y 3º) Los derechos de
los cargos electos sindicales.
LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL
Los arts. 6 y 7 de la LOLS, que constituyen
el núcleo de la regulación de la representatividad
sindical, contemplan el conjunto de sectores
de actividad, sin establecer peculiaridades
respecto de la función pública 4 . Dada la
3 STC 101/1991, de 13 de mayo.
4 El art. 31.6 del EBEP establece que «las Organizaciones
Sindicales más representativas en el ámbito de la
Función Pública están legitimadas para la interposición
de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra
las resoluciones de los órganos de selección».
opción legal a favor del cómputo conjunto de
las representaciones unitarias de los trabajadores
y funcionarios para determinar la
mayor representatividad sindical, los sindicatos
de funcionarios integrados en las confederaciones
sindicales más representativas a
nivel estatal o de Comunidad Autónoma
ostentan, automáticamente, la condición de
más representativos en su respectivo ámbito,
aunque carezcan de una efectiva implantación
entre los funcionarios públicos. Lo que
puede producir la ruptura del principio que
conecta la acción sindical y, más concretamente,
la actividad negocial con la implantación
de las organizaciones sindicales en el
ámbito correspondiente 5 . En efecto, los sindicatos
funcionariales adscritos a las Confederaciones
más representativas a nivel estatal
o autonómico ostentan, automáticamente, la
condición de más representativos en su respectivo
ámbito y, por tanto, la legitimación
automática para negociar en el mismo, aunque
no hayan obtenido un solo voto en las
elecciones de las juntas y delegados de personal,
compartiendo así la mesa con los sindicatos
de capacidad propia. En contraste con lo
que se exige al resto de sindicatos, a éstos les
bastará con acreditar su vinculación orgánica
con la Confederación sindical, sin necesidad
de demostrar que en ese ámbito concreto
cuentan con la audiencia electoral mínima
exigida como norma general. La irradiación
de la representatividad que la ley viene a conceder
a esos sindicatos generales, atribuyéndoles
legitimación para intervenir en la función
pública se acomoda por ahora a las
características que presenta el sindicalismo
funcionarial. Pero, aunque en la actualidad
exista una concordancia entre la audiencia
electoral y las previsiones legales, pudiera
suceder que en el futuro cambiara la actual
correlación de fuerzas. En tal caso estos sindicatos
tendrían la posibilidad de represen­
5 Ver GARCÍA MURCIA, «Libertad sindical y representatividad
de los sindicatos en la función pública», en
AA.VV., Seminario sobre las relaciones colectivas en la
función pública, I.A.A.P., Sevilla, 1990, pág. 192.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93