Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
supletoria la legislación laboral; ésta, en efecto,
sólo se aplicará en lo no previsto en el citado
Título (art. 93.4). La regulación del citado
Título VII alcanza no sólo a los autores de las
faltas sancionables (art. 93.1) sino también a
los inductores (art. 93.2) y a los encubridores
de faltas graves y muy graves de las que se
derivara daño grave para la Administración o
para los ciudadanos (art. 93.3).
El ejercicio de la potestad disciplinaria
corresponde a las distintas Administraciones
frente a su respectivo personal, incluido,
como ya se ha dicho, el laboral. El art. 94.1
LEBEP dispone que la responsabilidad disciplinaria
de dicho personal es exigible «sin
perjuicio de la responsabilidad patrimonial o
penal» que pudiera derivarse de la falta
cometida; fórmula que parece inspirada en el
art. 4 del Reglamento de Régimen Disciplinario
de los Funcionarios de la Administración
del Estado (RD 33/1986, de 10 de enero),
según el cual dicho régimen disciplinario «se
entiende sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios»
(art. 4). Dado el tenor del citado
art. 94.1 LEBEP, no resulta de aplicación en
la materia el principio non bis in idem que
impide que una infracción sea sancionada
simultáneamente en vía administrativa-disciplinaria
(pues el despido de un trabajador
de la Administración no deja de ser un acto
administrativo disciplinario) 80 y en vía juris­
del Estado, como indican las Instrucciones de 5 de junio
de 2007 (5.d) publicadas por Resolución de 21 de junio
de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del
Empleado Público en el ámbito de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos. La Instrucción
13, por su parte, insiste en que el régimen disciplinario
del Título VII LEBEP se aplica al personal funcionario
y al laboral; respecto de éste declara la vigencia
de los convenios colectivos en cuanto no se opongan al
Título VII. Llama la atención que la indicada Instrucción
13 se olvide de la «legislación laboral», declarada expresamente
de aplicación supletoria en materia disciplinaria
por el art. 93.4 LEBEP.
80 En sentido contrario, la STC 6/1988, de 21 de
enero, sostuvo que el despido de un empleado del Mi­
diccional penal; principio acogido con carácter
general en el art. 133 de la L. 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Esta posible acumulación de sanciones
disciplinarias y penales frente a delitos y
faltas de los empleados públicos es congruente
con la doctrina del TC (así, Ss. 2/1981, de
30 de enero; 177/1999, de 11 de octubre; y
152/2001, de 2 de julio), que sostiene que el
indicado principio non bis in idem no juega en
caso de «existencia de una relación de supremacía
especial de la Administración (…) que
justificase el ejercicio del jus puniendi por los
Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora
de la Administración» 81 . Aunque el
concepto de «relación especial de supremacía»
dista de ser preciso 82 , parece presidir no
sólo la posición de la Administración en la
relación funcionarial sino también en la laboral,
teniendo sobre todo en cuenta que a esta
última se aplica no sólo la legislación laboral
sino numerosos preceptos de la LEBEP
(entre ellos los disciplinarios) de los que se
desprende que las Administraciones ostentan
en las relaciones con su personal laboral
una posición de dominio más intenso que el
que se observa en las relaciones laborales
ordinarias (v.g.: aparte de la ya citada compatibilidad
de sanciones administrativas y
penales, la inhabilitación del trabajador des­
nisterio de Justicia no era ejercicio de «potestad de
imperio alguna», al estar sujeto al Derecho laboral. Hoy
es evidente que la Ley ha querido dotar a las Administraciones
de un poder disciplinario unitario, de clara
naturaleza jurídico-pública, que alcanza a funcionarios
y personal laboral, y que se rige por los mismos principios,
y sustancialmente el mismo sistema de faltas y sanciones.
Vid. en tal sentido el Título VII («Régimen disciplinario»)
de la LEBEP.
81 En las relaciones laborales concertadas por
empresarios privados no se plantea siquiera el problema
de la concurrencia entre despido y sanción penal, puesto
que aquél es un puro acto contractual, de derecho
privado, con causa y finalidad absolutamente independientes
de las de la sanción penal.
82 Vid. CHINCHILLA MARÍN, C., «Relación especial de
sujeción», en Enciclopedia Jurídica Básica (dir. A. Montoya
Melgar), vol. IV, Madrid, 1995.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93