Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
Tal vez por ello y puesto que el objetivo de
este trabajo es identificar los que pudiéramos
considerar deberes de los empleados públicos
laborales y teniendo en cuenta que el EBEP y
el ET pueden considerarse complementarios,
podríamos intentar una clasificación teniendo
en cuenta que la relación jurídica de
empleo público laboral comparte con la relación
jurídica laboral la sinalagmaticidad y
onerosidad y que el servicio, el trabajo, del
empleado laboral público se ejerce por cuenta
y bajo la dependencia de la Administración
Pública para la que presta su actividad.
En base a estas consideraciones, podríamos
identificar como obligación general y
básica del empleado laboral la de prestar su
actividad o, en expresión del art.52 EBEP,
desempeñar «las tareas que tengan asignadas»,
enunciado o expresado en el EBEP a
través de tres fórmulas diferentes, una como
principio general (art.52), otra como principio
ético (art.53.10) y otra, en fin, como principio
de conducta (art.54.2).
No define el EBEP, no podría hacerlo, cuáles
son las tareas concretas que desempeña
cada uno de los empleados públicos pero en
tanto que éstos se conciben como medio a través
del cual la Administración Pública sirve
al interés general, conecta, de modo más o
menos directo, más o menos exigente, con
una doble exigencia modal. A saber, una
específica del EBEP, expresada como obligación
de ejercer sus atribuciones (tareas)
actuación que enumera el EBEP, art. 52. Para unos,
denota el interés del legislador en insistir en el especial
compromiso del empleado público con los principios
constitucionales propios y específicos de la actividad
administrativa (MANEIRO VÁZQUEZ, Y.: «Art. 53. Principios
éticos», en MONEREO, MOLINA, OLARTE Y RIVAS, Direcc. y
Coord.: El Estatuto, cit., pág. 519. Para otros (CASTILLO
BLANCO, F. A.: «Los deberes de los funcionarios públicos»,
en SÁNCHEZ MORÓN, M., Dtor.,: Comentarios a la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 2ª edic.,
Lex Nova, pág. 367), podría haberse obviado, puesto
que ya están incluidos en los principios generales de
actuación que expresa el art. 1. 3 EBEP.
según el principio de «dedicación al servicio
público» (arts. 52 y 53.11 EBEP); y otra coincidente
con la propia de la relación laboral, en
tanto que la obligación de prestar su servicio
se modula con el deber de diligencia (citado
en los artículos 52. 53.10 y 54.2, es decir,
como deber, como principio ético y como principio
de conducta).
Conectado así el principio de dedicación al
servicio público con el deber de diligencia en
la prestación del servicio o ejercicio de las
tareas asignadas al empleado público, podría
concluirse que los empleados públicos laborales
deben ejercer sus tareas con dedicación
diligente al servicio público. Si ello es así, son
varias las cuestiones que cabe plantear. Primera,
y fundamental, definición del deber de
diligencia desde el empleo público; segunda,
y derivada de la anterior, deberes u obligaciones
concretas positivas (de hacer) o negativas
(de no hacer, abstenciones o prohibiciones)
que caben imponer a los empleados
públicos.
Advirtiendo que el EBEP (en coincidencia
aquí con el ET) no define la diligencia, puede
entenderse más allá de la obligación de «todo
comportamiento dirigido al cumplimiento
correcto (cuidadoso, atento, adecuado…) de la
prestación asumida» 71 como «aplicación de la
voluntad (del empleado público) a la realización
de sus tareas (de su trabajo) para obtener
el rendimiento debido» 72 y, en consecuencia,
la operación siguiente, no exenta de dificultad,
es precisar o determinar el nivel de
diligencia del empleado público, expresado en
términos del rendimiento debido. Dificultad
que trasciende a la negociación colectiva
pública laboral porque, más allá de expresar
en la tipificación de las infracciones de los
empleados públicos laborales la de «falta
71 AAVV: Tratado Práctico de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, Edit. Thomson-Aranzadi, 2ª edic.,
Navarra, 2005, pág. 669.
72 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo…, cit.,
pág. 322.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93