Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
estar al principio de especialidad, esto es,
resultará prioritaria en su aplicación la Ley
especial sobre la general, en tanto que ésta
tan sólo resultaría de aplicación en defecto de
Ley especial, lo que no es el caso».
La solución ofrecida en estas dos resoluciones
judiciales sería aceptable si la confluencia
de normas se diese de hecho y no de derecho,
sin embargo, esta solución no es del todo
satisfactoria dado que si es la propia norma
especial –el artículo 51 del EBEP– la que llama
a la norma general para ser aplicadas
conjuntamente y, en consecuencia, la aplicación
de la norma especial supone tener en
cuenta la norma general, no se puede obviar a
ésta última con la sencilla y poco razonada
argumentación de aplicar la norma especial,
porque supone, paradójicamente, incumplir
la norma especial que se dice aplicar ya que,
insisto, ésta manda aplicar también la normativa
laboral.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 19
de mayo de 2009 (RJ 2009/4167) desestima el
recurso de casación planteado frente a la
Sentencia de la Audiencia Nacional mencionada,
si bien varia su argumentación al concluir
que el artículo 49 del EBEP sólo es de
aplicación a los funcionarios públicos, descartando,
por tanto, su aplicabilidad al personal
laboral al servicio de las Administraciones
Públicas.
Esta Sentencia tras efectuar una exposición
de los antecedentes legislativos del permiso
de paternidad, tanto en el ámbito laboral 38
38 Señala la Sentencia que para los empleados
públicos laborales junto al «permiso de paternidad por
tiempo breve (2 días) y a cargo del empresario ex art.
37.3.b ET, instaura la Ley de Igualdad un supuesto de
suspensión del contrato de trabajo por paternidad y con
derecho a prestaciones económicas a cargo de la Seguridad
Social por un periodo temporal más amplio (13 días,
ampliable en caso de parto múltiple) y con previsión de
futuras ampliaciones (hasta 4 semanas a los 6 años de la
entrada en vigor de la presente Ley - Disposición Transitoria
novena)».
como en el ámbito funcionarial 39 , señala que
el EBEP efectúa una detallada regulación de
la jornada, permisos y vacaciones que está
dirigida «esencialmente a quienes ostentan la
condición de funcionarios públicos, como puede
deducirse de la Exposición de Motivos
–cuando afirma que el Estatuto actualiza el
catálogo de derechos de los empleados públicos,
‘incorporando a los más tradicionales
otros de reciente reconocimiento, como los
relativos a la objetividad y transparencia de
los sistemas de evaluación, al respeto de su
intimidad personal, especialmente frente al
acoso sexual o moral, y a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral’– y, fundamentalmente,
de los términos en que aparecen
redactados los sucesivos preceptos, así el
art. 47 (‘Jornada de trabajo de los funcionarios
públicos’), el art. 48 (‘Permisos de los fun­
39 Afirma que para los funcionarios de carrera «el
art. 56 de la Ley 3/2007, relativo a los ‘Permisos y beneficios
de protección a la maternidad y la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral’, disponía, con carácter
general, que ‘sin perjuicio de las mejoras que pudieran
derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración
General del Estado o los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella con los representantes del personal
al servicio de la Administración Pública, la normativa
aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias,
reducciones de jornada, permisos u otros beneficios
con el fin de proteger la maternidad y facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la
misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad,
en los términos que disponga dicha normativa’, y en
consecuencia, la Disposición Adicional decimonovena
de la Ley 3/2007, modifica diversos preceptos de la Ley
30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, entre ellos, en cuanto ahora más
directamente nos afecta, la letra a) de su art. 30.1 en la
que se dispone que los funcionarios públicos por causa
justificada de ‘nacimiento, acogimiento, o adopción de
un hijo’ tenían derecho a un permiso de ‘quince días a
disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento,
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o
de la resolución judicial por la que se constituya la adopción’
(art. 30.1.a Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Reforma
de la Función Pública, no incluido entre los apartados de
dicho precepto derogados por la Disposición Derogatoria
única b de la Ley 7/2007 de 12 de abril, Estatuto Básico
del Empleado Público, EBEP)».
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93