Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

cífica del principio de legalidad.(STC
294/1994) La legalidad presupuestaria es,
por tanto, un condicionamiento o límite de la
capacidad negocial de la Administración., en
cuanto a los compromisos de contenido económico
que puede asumir.
Las limitaciones que se imponen en las
leyes de presupuestos a la negociación colectiva
de los empleados públicos afectan fundamentalmente
a las retribuciones y a su negociación.
Las retribuciones de los empleados públicos
son, sin duda, un elemento económico de
primera magnitud y un componente esencial
del gasto del sector público, y por ello la política
retributiva es una parte fundamental de
la política económica de los gobiernos y del
contenido de las leyes de presupuestos. En
efecto, según el artículo 21 del EBEP, deberán
reflejarse para cada ejercicio presupuestario
en la correspondiente ley de presupuestos
(LPGE) las cuantías básicas y el incremento
de las retribuciones complementarias
de los funcionarios, así como el incremento de
la masa salarial del personal laboral. Por su
parte, el artículo 24 establece que las retribuciones
complementarias deberán reflejarse
en las leyes de presupuestos de cada Administración
Publica.
Ahora bien, las retribuciones son, además,
una de las principales condiciones de trabajo
de los empleados públicos y por ello son también
una de las materias que más interés tienen
en negociar. De acuerdo con lo previsto en
el artículo 37.1 del EBEP serán objeto de
negociación colectiva, en su ámbito respectivo,
por la Administración Pública que, en
cada caso, sea competente y con el alcance que
legalmente proceda los siguientes aspectos de
las retribuciones de los empleados públicos: a)
el incremento global de las retribuciones de
los empleados públicos que se vaya a incorporar
a la LPGE de cada año (artículos 37.1 y
36.2 EBEP); b) la determinación y aplicación
de las retribuciones complementarias de los
funcionarios que deberán figurar en las
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
correspondientes leyes de presupuestos; c) la
determinación de las retribuciones del personal
laboral en el correspondiente convenio
colectivo; d) cualquier otro aspecto relativo a
las retribuciones de los empleados públicos,
respecto de los que exista reserva de ley (la
estructura de las retribuciones – arts. 22 y 23
del EBEP-, la cuantía de las retribuciones
básicas de los funcionarios-art. 21 EBEP).
Hay que advertir que, cuando se trate de
aspectos de las retribuciones respecto de los
que exista reserva de ley (todos los que afectan
a las retribuciones de los funcionarios), los
acuerdos a que se llegue en la negociación
colectiva no tienen eficacia directa, sino que
únicamente obligarán al órgano de gobierno
que tenga que aprobar la correspondiente iniciativa
legislativa a elaborarlo y presentarlo
al órgano legislativo que proceda respetando
el contenido del acuerdo alcanzado.
Así pues, los límites que se establecen en
las LPGE de cada año a la negociación de las
retribuciones de los empleados públicos afectan
básicamente al incremento retributivo
global que se puede aplicar para la determinación
de las retribuciones complementarias
de los funcionarios y al que se puede aplicar a
la masa salarial del personal laboral a la hora
de negociar las retribuciones del mismo; también
podemos considerar que es una limitación
a la negociación colectiva la cuantía de
las retribuciones básicas que se fijan cada
año en la LPGE, ya que en ningún caso se
pueden negociar unas cuantías distintas; y lo
mismo cabría decir respecto de la estructura
de las retribuciones que aparece recogida en
el EBEP y en las leyes de presupuestos de las
CCAA. Incluso podríamos considerar que la
prohibición que se establece en el artículo
22.5 del EBEP de que los funcionarios no
podrán percibir participación en tributos o en
cualquier otro ingreso de las Administraciones
Públicas como contraprestación del servicio,
constituye un límite a la negociación
colectiva de los empleados públicos, ya que en
ningún caso podrán acordar nada que contravenga
lo dispuesto en dicho precepto legal.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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