Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

No sucede lo mismo con el principio de
igualdad ante la Ley y en la aplicación de la
Ley, establecido en el art. 14 CE, que no es
extensible al ámbito privado de las relaciones
individuales, sino más bien a las relaciones
de carácter público, al obligar a excluir las
diferencias de trato arbitrarias en la regulación
de los supuestos legales y en la aplicación
de la normas, lo que señala como principales
destinatarios de la obligación de cumplir
este principio, a los poderes públicos, y
dentro de estos, fundamentalmente al legislador
y a los órganos encargados de aplicar
las leyes 61 .
En el ámbito de las Administraciones
públicas, el principio de eficacia puede justificar
tratos diferenciados que incentiven el trabajo
del personal, pero si concurren los requisitos
de la justificación, razonabilidad y proporcionalidad
de dichas medidas singulares,
se permitirá la adopción por la Administración,
de dichas medidas, que no serán calificadas
de arbitrarias.
En todo caso, el margen de autonomía que
disfruta la Administración a la hora de la
determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos laborales, estableciendo
las mejoras que hemos señalado, ha de
observar más limites que en el sector privado,
puesto que el principio de igualdad rige más
intensamente junto a la prohibición de arbitrariedad.
Desde otro punto de vista, como estamos
viendo a lo largo del análisis del art. 14
EBEP, el legislador ha intentado homogeneizar
las condiciones laborales de todos los
empleados públicos, pero, aún así, sus intentos
se han visto frustrados por las diferencias
entre los dos regímenes jurídicos funcionarial
y laboral, en cuanto a que los empleados
públicos sometidos a una u otra rama jurídica
tienen diferencias en muchos aspectos, como
61 J. M. LÓPEZ GÓMEZ: La relación laboral especial…,
cit., pág. 244.
R. YOLANDA QUINTANILLA NAVARRO
que han ingresado en la Administración de
distinto modo, tienen distinta jornada, distintos
permisos, etc.
2.12.2. Derecho a la no discriminación
por razón de nacimiento, origen
racial o étnico, género, sexo
u orientación sexual, religión
o convicciones, opinión,
discapacidad, edad o cualquier
otra condición o circunstancia
personal o social
Con la incorporación de este derecho en el
art. 14 EBEP se trasponen, en la normativa
estatal sobre función pública, las previsiones
de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29
de junio de 2000, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o
étnico, la Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento
de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación;
y la Directiva 2002/73/CE para la igualdad
entre hombres y mujeres en relación con el
acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales y a las condiciones de trabajo.
Para profundizar en la efectividad de este
derecho, la Disposición Adicional 8ª EBEP
prevé que las Administraciones Públicas
están obligadas a respetar la igualdad de trato
y oportunidades en el ámbito laboral, de
modo que han de adoptar medidas que estén
enfocadas a evitar toda discriminación laboral
entre mujeres y hombres. A este mismo
objetivo se dirige el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (2008-2011).
No obstante, conviene recordar que se considera
legítima desde el punto de vista constitucional
del principio de igualdad, aquella
normativa o aquel acto de los poderes públicos
que incluya condicionamientos diferenciales
y regule efectos o consecuencias jurídi-
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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