Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

El art. 93.2 EBEP dispone que el personal
laboral que indujera a otros a la realización
de actos o conductas constitutivos de falta
disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad
que éstos; y el art. 93.3 EBEP establece
que incurrirá en responsabilidad el personal
laboral que encubriera las faltas consumadas
muy graves o graves, cuando de dichos
actos se derive daño grave para la Administración
o los ciudadanos.
De lo dicho se deduce que la responsabilidad
disciplinaria es posible imponerla tanto a
los autores materiales como a los inductores o
a los encubridores. Entendiendo por encubridores
a los sujetos que ocultan la comisión de
una falta. Al respecto la doctrina ha defendido
que el EBEP no consagra una responsabilidad
puramente subjetiva ya que para la
determinación de la misma no se requiere
sólo la intencionalidad en la actuación del
sujeto, sino que la responsabilidad disciplinaria
surge incluso cuando el resultado se produce
por simple inobservancia, tal y como dispone
el art. 130.1 LRJAPyPAC. Téngase en
cuenta que pese a que la DA 8ª de la LRJAPy-
PAC dispone que «los procedimientos de ejercicio
de la potestad disciplinaria de las Administraciones
Públicas respecto del personal a
su servicio y de quienes estén vinculados a
ellas por una relación contractual se regirán
por su normativa específica, no siéndoles de
aplicación la presente Ley», este precepto
resulta aplicable por aplicación de los criterios
generales en materia sancionadora, aplicables
con carácter supletorio 13 .
El inciso final del art. 94.1 EBEP dispone
que las Administraciones Públicas «corregirán
disciplinariamente las infracciones del
personal a su servicio … en el ejercicio de sus
funciones y cargos, sin perjuicio de la respon­
13 QUESADA LUMBRERAS, J.E., «Régimen disciplinario»,
El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario sistemático
de la Ley 7/2007, de 12 de abril de 2008, (dir. y
coord.: MONEREO PÉREZ/MOLINA NAVARRETE/OLARTE ENCA­
BO/RIVAS VALLEJO), Comares, Granada 2008, p. 916-917.
NURIA P. GARCÍA PIÑEIRO
sabilidad patrimonial o penal que pudiera
derivarse de tales infracciones», lo que significa
reconocer la compatibilidad de la responsabilidad
disciplinaria, con la penal y la
patrimonial. Del citado precepto Montoya
Melgar deduce que en materia de régimen
disciplinario no resulta de aplicación el principio
non bis in idem que impide que una
infracción sea sancionada simultáneamente
en vía administrativa-disciplinaria y en vía
jurisdiccional penal 14 . En otras palabras, el
principio consiste en la prohibición de imponer
dos o más sanciones por un mismo hecho,
siempre que se aprecie identidad de sujeto, de
hecho y de fundamento. La exclusión del
principio non bis in idem sólo es posible en
aquellos supuestos en los que el fundamento
de la sanción disciplinaria es distinto del previsto
en el ámbito penal. Lo que ocurrirá en la
mayoría de las ocasiones ya que el fundamento
de la potestad disciplinaria obedecerá, con
carácter general, a la tutela del buen funcionamiento
interno de la organización administrativa,
de las relaciones de jerarquía al buen
funcionamiento de los servicios públicos.
Junto a la responsabilidad penal y disciplinaria,
el personal laboral puede incurrir en
responsabilidad patrimonial. Si para la exigencia
de responsabilidad penal del empleado
público debe estarse a lo dispuesto en los
Títulos XIX, XIX bis, XX y XXI del Código
Penal, la responsabilidad patrimonial se exigirá
de conformidad con lo previsto en el
art.145 y siguientes de la LRJAPyPAC y en
los arts. 19-21 RD 429/1993, de 26 de marzo,
14 Añadiendo que «esta posible acumulación de
sanciones disciplinarias y penales frente a delitos y faltas
de los empleados públicos es congruente con la doctrina
del TC (…), que sostiene que el indicado principio
non bis in idem no juega en caso de «existencia de una
relación de supremacía especial de la Administración
(…) que justificase el ejercicio del jus puniendo por los
Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la
Administración», MONTOYA MELGAR, A., «Las administraciones
públicas como empresarios laborales (un estudio
a la luz del nuevo Estatuto del Empleado Publico)», cit.,
p. 508.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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