Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

nal, pero con las que, muy fácilmente, se corre
el riesgo de vulnerar los principios constitucionales
que presiden el acceso al empleo
público. En tal caso, lo más recomendable
parece ser 122 asegurar que las bolsas de trabajo
se constituyan a partir de procesos selectivos
de acceso libre y se integren por aspirantes
que no hayan alcanzado la calificación
necesaria para alcanzar un puesto que les
permita acceder a las plazas convocadas, pero
que hayan aprobado el correspondiente ejercicio.
En los casos en los que no pueda acudirse
por no existir bolsas de trabajo y a la Administración
le urja contratar personal, antes
de articular cualquier otro sistema de selección
que no cumpla con los principios de
igualdad, mérito y capacidad, parece más
recomendable acudir a los servicios de empresas
de trabajo temporal 123 . La disposición adicional
4ª de la Ley 14/1994, introducida por la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, establece
la supresión de las limitaciones o prohibiciones
a la contratación de trabajadores a través
de empresas de trabajo temporal para ponerlos
a disposición de las Administraciones
Públicas. Esta supresión se produce a partir
del 1 de abril de 2011, fecha en la que queda
derogada la disposición adicional 5º de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (que permitía la celebración de
contratos de servicios con empresas de trabajo
temporal por parte de los entes u organismos
del sector público para la realización de
encuestas, toma de datos y servicios análogos).
De todos modos, las empresas de traba­
122 Se aconseja establecer la duración y vigencia
máxima de las bolsas de trabajo, así como la posibilidad
de reingreso a la misma. J. FONDEVILA ANTOLÍN, La selección
y pérdida de la condición de empleado público,
p. 152.
123 Vid., R. BODAS MARTÍNEZ, «Particularidades del
Régimen Jurídico de los trabajadores en régimen laboral
de las Administraciones Públicas», en AA.VV. (Dir. MOLI­
NER TAMBORRERO, G.) La Administración Pública como
empresario. Aspectos laborales y sindicales, CGPJ,
Madrid, 2000, p. 307.
NURIA DE NIEVES NIETO
jo temporal no podrán realizar con las Administraciones
Públicas contratos de puesta a
disposición para la realización de tareas que,
por una norma con rango de Ley, se encuentren
reservadas a funcionarios públicos.
Otras limitaciones o prohibiciones pueden
ser establecidas aunque sólo serán válidas
cuando se justifiquen por razones de interés
general, relativas a la protección de los trabajadores
cedidos por la empresa de trabajo
temporal, a la necesidad de garantizar el
buen funcionamiento del mercado de trabajo
y de evitar posibles abusos.
Por último debe mencionarse la posibilidad,
prevista en el EBEP, de que los convenios
colectivos puedan prever distintas fórmulas
de colaboración de los sindicatos. Si
bien hay que concretar a qué se refiere tal
colaboración en el desarrollo de los procesos
selectivos; de una parte, la selección de personal
es una potestad pública que, correspondiendo
a la Administración, no puede ser
delegada en organizaciones representativas
de intereses; pero además, como se expuso,
los miembros de las Comisiones de selección
no pueden ostentar esa condición en representación
de organización alguna (art. 60).
Esta colaboración no puede ser interpretada
en el sentido de atribuir a las organizaciones
sindicales las funciones que habían tenido
con anterioridad en la constitución de los
órganos selectivos, que han quedado vedadas,
sino que el papel de los sindicatos habría
que reconducirlo al apoyo, asistencia y ayuda
a la Administración en las distintas tareas
que se han de realizar durante el desarrollo
del proceso de selección 124 descartando tareas
decisorias 125 . Esta posibilidad de prever fór­
124 J. CANTERO RODRÍGUEZ, «Sistemas Selectivos» en
Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, p. 553
125 En opinión de J. L. GOÑI SEIN, no parece que la
Ley impida fórmulas participativas de los representantes
de los trabajadores; resulta posible, por tanto, que la
Administración, antes de adoptar las diversas iniciativas
en materia de procesos selectivos abra algo parecido a
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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