Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
era necesario tomar medidas que eliminaran
o paliaran tales consecuencias, que es lo que
hizo el Gobierno; y por otro, parece que las
medidas adoptadas fueron proporcionadas si
tenemos en cuenta la finalidad perseguida y
la progresividad que se introdujo en su aplicación.
Por lo tanto, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, sin entrar a valorar
su oportunidad política, y refiriendo el juicio
sólo a los aspectos relacionados con la negociación
colectiva, podemos decir que las medidas
adoptadas se ajustan a la legalidad
vigente, Otra cosa es el juicio que nos merece
la respuesta que da a estos problemas dicha
legislación. Nuestra opinión es que no es la
más correcta ya que conduce a una diferencia
de trato entre funcionarios y personal laboral,
derivada de los regímenes tan diferentes
de negociación colectiva que tienen unos y
otros, que, desde nuestro punto de vista, no
está justificada, lo que pone en evidencia, una
vez más, el modelo de negociación colectiva
que se aplica a los empleados públicos,
• La Audiencia Nacional (AN) ha abierto
la vía de la inconstitucional del Real
Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo (RDL (6)
La Sala Social de la AN adoptó el 28 de
octubre de 2010 un Auto en el que mostraba
sus dudas sobre la constitucionalidad de las
medidas ya indicadas que figuran en el citado
RDL y acordaba plantear ante el Tribunal
Constitucional una cuestión de constitucionalidad
sobre las mismas, ya que podrían
afectar al contenido esencial del derecho a la
libertad sindical regulado en los artículos 7 y
28.1 CE, en relación con el derecho a la negociación
colectiva regulado en el artículo 37.1
CE, como consecuencia de haber aplicado la
reducción salarial a los trabajadores de una
determinada entidad pública empresarial.
Asimismo, la AN plantea que el TC decida
también si el haber excluido de la aplicación
de la reducción salarial a determinadas entidades
del sector público y no a otras ha vulnerado
o no el derecho a la igualdad conteni­
do en el artículo 14 de la CE. Con posterioridad
la AN ha adoptado otros Autos en los que,
con los mismos argumentos jurídicos, se vuelve
a plantear de nuevo la cuestión de constitucionalidad
del RDL
Las dudas de constitucionalidad que plantea
la AN no están referidas en este caso a si se
produce la concurrencia o no del hecho que
habilita al Gobierno para dictar Reales Decretos
Leyes que, de acuerdo con el artículo 86.1
de la CE, no es otro que la existencia de circunstancias
extraordinarias y de urgente
necesidad, ya que, a juicio de la AN, estas circunstancias
es evidente que concurren en este
caso, sino a las limitaciones que establece la
CE a esta legislación excepcional, según las
cuales el RDL no puede afectar, entre otros
extremos, a los derechos y libertades de los
ciudadanos regulados en el Título I de la CE,
entre los que se encuentra el derecho a la libertad
sindical regulado en la sección 1ª del capítulo
II del Título I, y el derecho a la negociación
colectiva regulado en el artículo 37.1, que
está incluido en la sección 2ª del Título I, ya
que según la AN el RDL cuya constitucionalidad
se cuestiona ha podido afectar al contenido
esencial de los indicados derechos, siendo
así que, según reiterada doctrina del TC la
regulación de estos derechos, cuando afecte a
su contenido esencial, está reservada a la ley.
La AN tiene dudas razonables de que el
RDL haya podido afectar a elementos esenciales
del derecho a la negociación colectiva y del
derecho de libertad sindical, de cuyo contenido
esencial forma parte aquél, ya que el RDL
ha dejado sin efecto el Acuerdo Gobierno-Sindicatos
2010-2012, así como el convenio colectivo
de la referida entidad empresarial,
vaciando con ello de contenido el mandato al
legislador que se contiene en el artículo 37.1
de la CE que establece que la ley garantizará
la fuerza vinculante de los convenios, que se
ha identificado con la eficacia normativa de
los mismos.
La AN no plantea las dudas de constitucionalidad
del RDL por el hecho de haberse pro­
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93