Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

La libertad sindical
INTRODUCCIÓN
Los funcionarios públicos tienen reconocido
en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, por la que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP),
entre otros derechos individuales de ejercicio
colectivo, el de libertad sindical [art. 15.a)].
Mas este derecho se regula extramuros del
EBEP, concretamente en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
(en adelante, LOLS). En efecto, el contenido
normativo de esta disposición legal resulta
totalmente aplicable a la libertad sindical de
los funcionarios públicos en lo que se refiere a
las facultades en que se concreta la libertad
sindical (art. 2), el régimen jurídico sindical
(arts. 4 y 5), la regulación de la mayor y suficiente
representatividad sindical (arts. 6 y 7),
la acción sindical en el ámbito de la empresa
o centro de trabajo (arts. 8 y 10), los derechos
de los cargos electos sindicales (art. 9) 1 , la
tutela de la libertad sindical y la represión de
las conductas antisindicales (arts. 12 y 15).
De este modo, se regula en una misma ley
la libertad sindical de los funcionarios públicos
y de los trabajadores con contrato de trabajo.
Ahora bien, como tiene declarado el Tri-
REMEDIOS ROQUETA BUJ*
bunal Constitucional, el ejercicio de la actividad
sindical en el seno de las Administraciones
públicas reconocido en el art. 28.1 de la
Constitución «está sometido a ciertas peculiaridades
derivadas lógicamente de los principios
de eficacia y jerarquía que deben presidir,
por mandato constitucional, la acción de la
función pública (art. 103.1 CE) y que no pueden
ser objeto de subversión ni menoscabo» 2 .
De ahí, que en el articulado de la LOLS se
establezcan determinadas peculiaridades
propias de la libertad sindical de los funcionarios
públicos, a saber: – en primer lugar, en
una serie de artículos se distinguen los comités
de empresa y delegados de personal de
«los correspondientes órganos de las Administraciones
públicas» [arts. 2.2.d), 6.2.a), 7.1
y 2, 8.2 y 10, y Disposición Adicional 2ª] y se
habla de «los oportunos procedimientos de
consulta o negociación» para canalizar la participación
en la determinación de las condiciones
de trabajo en las Administraciones
públicas, distinguiéndolos de la negociación
colectiva [art. 6.3.c)]; – en segundo lugar, la
ley establece una limitación al ejercicio de los
derechos sindicales, perfectamente justificada
por lo demás en la naturaleza de las cosas,
al disponer que «quienes ostenten cargos
directivos o de representación en el sindicato
* Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Universidad de Valencia.
2 SSTC 143/1991, de 1 de julio, y 336/2005, de 20
1 STC 18/2003, de 30 de enero. de diciembre.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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