Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
durante su vigencia, pues solo mediante su
aseguramiento se garantiza la funcionalidad
de aquél como instrumento regulador de las
relaciones laborales, correspondiendo asegurar
dicha garantía al legislador, quien está
vinculado a dicho mandato como presupuesto
obligado para que el derecho en cuestión sea
reconocible, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 53.1 CE».
Una censura jurídica que no compartimos.
Ciñéndonos a la configuración constitucional
del derecho a la negociación colectiva y, en
concreto, al significado de la fuerza vinculante
del convenio colectivo, que es la cuestión
crucial, el Tribunal Constitucional y la doctrina
mayoritaria insisten en que equivale a
función normativa, a derecho objetivo, y que
como tal sus normas se imponen externamente
a los contratos de trabajo; así, la STC
58/1985 relaciona la fuerza vinculante del
art. 37.1 CE con la automaticidad del convenio
colectivo frente a los contratos, mientras
que otras, como la 105/1992, 208/1993,
225/2001 o 238/2005, proclaman la inderogabilidad
in peius del convenio colectivo, al afirmar
la prevalencia de la autonomía colectiva
sobre la voluntad individual, que no puede
eludir por si misma lo convenido. De este sólido
corpus constitucional no se deduce, sin
embargo, que el convenio colectivo no pueda
ser modificado por otro convenio colectivo,
caso de la revisión ante tempus, o por ley. El
Tribunal Constitucional se limita a cerrar la
puerta a la modificación o sustitución individual,
pactada o unilateral, de las cláusulas
convencionales, garantizando con ello la eficacia
vinculante del convenio colectivo, sin
que de esta operación jurídica se infiera que
el convenio no pueda ser modificado durante
su vigencia por otro convenio colectivo, una
ley o, incluso, un Decreto-Ley respetando los
límites del art. 86 CE, esto es, cuando concurran
circunstancias de extraordinaria y
urgente necesidad y no consista en una «regulación
integral» del derecho a la negociación
colectiva ni incida sobre sus «elementos esenciales».
Pues bien, centrándonos en el Decreto-Ley
8/2010, por una parte, ya ha quedado acreditado
que responde a una de esas «situaciones
concretas de los objetivos gubernamentales
que por razones difíciles de prever requieran
una acción normativa inmediata en un plazo
más breve que el requerido por la vía normal
o por el procedimiento de urgencia para la
tramitación parlamentaria de las leyes» 13 , y,
por otra, no afecta a las libertades de negociación,
elección del nivel de negociación, selección
de las materias negociables, acuerdo y
administración del resultado, que constituyen
el contenido esencial del derecho a la
negociación colectiva, ni, por extensión, a la
libertad sindical. La libertad negocial no está
reñida con el recorte de la masa salarial del
personal laboral del sector público, porque
esa intervención estatal es –se especifica– sin
perjuicio de la posibilidad de alterar la distribución
de la reducción definitiva en sus ámbitos
correspondientes mediante la negociación
colectiva. Es decir, estamos ante una manifestación
más del papel algo más restringido
que asume la negociación colectiva en la fijación
de las retribuciones del personal laboral
de las Administraciones Públicas. Simplemente
que, en este caso, teniendo en cuenta
la necesidad de acometer una reducción radical
de los gastos de personal en las Administraciones
Públicas y que la tramitación por
ley, aunque fuera por la vía de urgencia,
hubiera producido con toda probabilidad un
gravísimo deterioro de nuestro sistema financiero,
habría afectado a la credibilidad de
nuestra economía e impedido probablemente
sentar las bases para una recuperación sostenible,
el Gobierno recurrió a la posibilidad
constitucional extraordinaria de modificar la
Ley de Presupuestos Generales del Estado a
través del Decreto-Ley.
Finalmente, existen dudas razonables
sobre si no se ha vulnerado el principio de
13 SSTC 6/1983, de 4 de febrero (RTC 1983/6);
11/2002, de 17 de enero (RTC 2002/11); y 137/2003,
de 3 de julio.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93