Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

2.4. Derechos a participar
en la consecución de los objetivos
y a ser informado de las tareas
a desarrollar: dos derechos
sin desarrollar
Este derecho ha sido relacionado con la
«dirección por objetivos» o dirección participativa
propia de los modelos de recursos
humanos, en los que se parte de la colaboración
de los trabajadores en el diseño de los
objetivos, para motivarles a alcanzarlos 27 .
El derecho a participar en la consecución
de los objetivos atribuidos a la unidad donde
el empleado público preste servicios carece de
desarrollo posterior, lo cual hace que su mención
en el art. 14.e) EBEP resulte actualmente
ineficaz desde el punto de vista jurídico 28 .
La segunda parte del enunciado del art.
14.e) EBEP se refiere al derecho del empleado
público a ser informado por sus superiores
de las tareas a desarrollar, pero, como el
anterior, es un derecho no desarrollado, y, por
tanto, carente de garantías.
Mientras tanto, en el ámbito jurídicolaboral,
el art. 8.5 ET reconoce ese mismo
27 J. M. LÓPEZ GÓMEZ: La relación laboral especial...,
cit., pág. 237.
28 En la legislación anterior el D 315/1964, por el
que se aprueba la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
(en adelante, LMRFP), derogado en sus arts. 64 y 65,
entre otros, por la Disp. Derog. Única a) EBEP, establecían
contenidos relativos a ambos derechos:
– El art. 64 D. 315/1964 reconocía el derecho del
funcionario a ser informado por sus jefes inmediatos
de los fines organizativos y de funcionamiento
de la unidad administrativa correspondientes,
y, sobre todo, de su dependencia jerárquica,
de sus atribuciones, deberes y responsabilidades.
– El art. 65 D. 315/1964 establecía que los jefes
tendrían que solicitar periódicamente la opinión
de sus subordinados inmediatos respecto de las
tareas que les han sido asignadas, debiendo estos
últimos informar a sus superiores de sus aptitudes
profesionales, para que se les puedan encomendar
los trabajos más apropiados.
R. YOLANDA QUINTANILLA NAVARRO
derecho, que es desarrollado por el RD
1659/1988, en el sentido de que el trabajador
conozca los elementos esenciales del contrato
así como las condiciones más relevantes
de ejecución de la prestación laboral, hasta
el punto de que, si falta ese derecho de información,
el empresario cometerá una infracción
administrativa laboral (art. 6.4
LISOS).
2.5. Derecho a la defensa jurídica
en los procedimientos judiciales
que sigan como consecuencia
del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos
Este derecho, estaba ya contemplado en el
art. 63.1 LFCE. Sin embargo, la legislación
laboral no lo incluye expresamente, lo que
permitía dudar del reconocimiento como tal
de ese derecho. De ahí la novedad que supone
que el art., 14.f) EBEP reconozca este derecho
a todos los empleados públicos en general,
por tanto, incluidos los laborales 29 .
El contenido de este derecho incorpora la
defensa jurídica a través de los servicios jurídicos
de la Administración o a través de servicios
externos y la cobertura de responsabilidad
frente a terceros en los procedimientos
que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional.
Este derecho comprende dicha protección
solo si el propio funcionario solicita la defensa
por los servicios jurídicos de la Administración,
y para las actuaciones que resulten ser
consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones
o cargos públicos del empleado público,
de modo que se hace eco de la jurisprudencia
que distingue entre la responsabilidad o no
por parte de la Administración Pública por
los daños sufridos por empleados públicos, en
razón a que se trate de supuestos de ejercicio
29 J. M. LÓPEZ GÓMEZ: La relación laboral especial…,
cit., pág. 238.
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