Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
aplicación supletoria (art. 7 LEBEP). Así, el
importante art. 14 de la LEBEP enumera
hasta dieciséis «derechos individuales» (enumeración
no exhaustiva, pues añade una última
referencia «a los demás derechos reconocidos
por el ordenamiento jurídico», dentro de
los que deben entenderse comprendidos los
que el ordenamiento laboral reconoce a los
trabajadores asalariados), de los cuales sólo
el primero –el derecho a la inamovilidad– se
atribuye en exclusiva a los funcionarios de
carrera. Los otros quince derechos, repetimos,
son, en su casi totalidad, comunes a trabajadores
y funcionarios, teniendo muchos de
ellos, tal como hemos indicado, claros homólogos
en los derechos reconocidos por la legislación
laboral; sólo muy excepcionalmente se
encuentra algún derecho exclusivo de los trabajadores
(y de los funcionarios) al servicio de
las Administraciones 57 .
– Derecho al desempeño efectivo de las
funciones o tareas (art. 14.b LEBEP), que
encuentra su correspondencia en el derecho a
la ocupación efectiva del art. 4.2.a ET. Ese
«desempeño» o prestación queda sometido a
un control o «evaluación» que se corresponde
en términos generales con las medidas de
control contempladas en el art. 20.3 ET. No
obstante, la LEBEP impone expresamente a
esos sistemas de evaluación del trabajo de los
empleados públicos (sean funcionarios o trabajadores)
ciertos requisitos: transparencia,
objetividad, imparcialidad y no discriminación,
y respeto de los derechos de los empleados
(art. 20.2); requisitos de obligado cumplimiento
por las Administraciones en cuanto
Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se publican las Instrucciones de 5 de junio de 2007,
para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado
Público en el ámbito de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos.
57 Vid. SEGOVIANO ASTABURUAGA, María Luisa: «Derechos
y deberes de los empleados públicos», en El Estatuto
básico del Empleado Público, XIX Congreso Nacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio
de Trabajo e Inmigración, 2009, vol. II, págs. 17 y
ss., así como las comunicaciones a dicha ponencia.
sujetas al principio de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos consagrado
en el art. 9.3 CE. Esa exigencia expresa para
el sector público no quiere decir, obviamente,
que los empresarios privados tengan libertad
para discriminar o vulnerar los derechos de
sus trabajadores.
– Derecho a la progresión en la carrera
profesional y a la promoción interna (art. 14.c
LEBEP). Tal derecho que, en principio,
podría entenderse conectado con el derecho a
la promoción consagrado en el art. 4.2.b ET,
tiene sin embargo la peculiaridad de que en la
LEBEP se refiere a la «carrera profesional» y
se sujeta expresamente a los principios de
igualdad, mérito y capacidad, característicos
del acceso a la condición de funcionario público,
que han de ser asegurados «mediante la
implantación de sistemas objetivos y transparentes
de evaluación». La LEBEP dedica
tres artículos (16 a 18) a la carrera profesional
de los funcionarios de carrera, pero reconoce
también expresamente al personal laboral
el derecho a la promoción profesional (art.
19.1), remitiendo al ET (remisión que ha de
entenderse hecha básicamente a los arts. 23 y
25) y a la negociación colectiva la regulación
de dicha promoción profesional.
– Derecho a las retribuciones e indemnizaciones
correspondientes al servicio [art.
14.d) LEBEP], que se corresponde claramente
con el derecho al salario y a eventuales
indemnizaciones reconocido en el art. 4.1.f)
ET y regulado en el art. 26 y ss. ET. Recuérdese
que el crecimiento de la masa salarial de
los trabajadores del sector público está limitado
por lo que disponen las Leyes de Presupuestos
(art. 21 LEBEP). Con esta limitación,
el régimen retributivo de los trabajadores de
las Administraciones Públicas se remite a lo
que disponen el ET y la negociación colectiva
e individual (art. 27 LEBEP). La LEBEP
insiste en unas reglas que vienen ya rigiendo
en el sector privado: una, relativa a las aportaciones
para previsión social complementaria
–planes de pensiones y contratos de seguros
colectivos– a las que se les reconoce la con­
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