Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

3. DESPIDO POR CAUSAS
ECONÓMICAS, TÉCNICAS,
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN
La posibilidad de extinguir las relaciones
de empleo público alegando causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción
ha sido una cuestión muy discutida, pues,
como ha señalado la doctrina, no hay duda de
que dichas causas «fueron concebidas por el
legislador para que tuviesen su ámbito de
aplicación situado en el contexto empresarial
11 » y no en el ámbito de la Administración
Pública. La Administración no compite en el
ámbito del mercado, lo que plantea la cuestión
de si la misma puede tener problemas de
supervivencia o viabilidad. En este sentido,
cabe preguntarse «si las Administraciones
Públicas deben buscar como fin primordial su
rentabilidad económica, pues es evidente que
gran parte de su actividad no conduce a ningún
beneficio económico positivo –hablando
claro está, en términos meramente materiales–,
siendo precisamente su misión garantizar
servicios deficitarios. Por lo tanto, nos
encontramos ante un problema de equilibrio
presupuestario, sujeto inevitablemente a vaivenes
o prioridades de carácter político» 12 .
Son las causas económicas las que más
dudas plantean acerca de la posibilidad de
ser alegadas o no como causa de extinción del
contrato de trabajo del personal al servicio de
las Administraciones Públicas. En efecto, de
conformidad con el art. 51.1 ET, en su redacción
actual tras la modificación introducida
por la Ley 35/2010, se entiende que concurren
causas económicas «cuando de los resultados
de la empresa se desprenda una situación
económica negativa, en casos tales como la
11 M. DE SANDE PÉREZ-BEDMAR: Empleo y prestación
de servicios en la Administración Pública, Ed. Lex Nova,
pág. 425.
12 P. G UNTIÑAS FERNÁNDEZ: «El nuevo art. 52 ET: el
contrato indefinido causal. Un contrato temporal encubierto»,
Revista de Derecho Social, nº 20, 2002, pág.
126.
RAQUEL AGUILERA IZQUIERDO
existencia de pérdidas actuales o previstas, o
la disminución persistente de su nivel de
ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o
a su capacidad de mantener el volumen de
empleo». La causa económica se refiere, por
tanto, a la rentabilidad de la empresa (pérdidas,
desequilibrio financiero, etc., según TS
14 de mayo de 1998), a los resultados de
explotación, de manera que la extinción de los
contratos pretende superar la situación deficitaria
de la entidad y conseguir un adecuado
funcionamiento económico de la misma. Partiendo
de esta definición, para un sector de la
doctrina judicial resulta difícilmente justificable
la aplicación del despido por causas económicas
en la Administración Pública y, así
se ha afirmado que, «exigiendo el precepto la
existencia de una situación económica negativa
de la empresa dicha causa de extinción
será siempre difícilmente predicable de las
Entidades Públicas, que por carecer de ánimo
de lucro y estar destinadas a la prestación de
servicios públicos, no pueden por definición
encontrarse en dicha situación, ya que su
endeudamiento obedecerá a su propia finalidad
como entidad pública, siendo buscado de
propósito en la mayoría de los casos para
mejorar los servicios que constituyen su finalidad,
sin que por ello su situación económica
pueda perjudicar la supervivencia del Ente
Público» 13 . Y, en la misma línea, también se
ha afirmado que si bien es cierto que «la
Administración no es del todo ajena a las
cambiantes situaciones del mercado y de la
competencia, tratándose de un organismo
público no puede argumentarse, para respaldar
la decisión extintiva (...), la falta de recursos
económicos al tener aseguradas sus fuentes
de financiación y al tener garantizada su
existencia», razón por la cual no puede utilizarse
el criterio interpretativo según el cual
la extinción contribuye a garantizar la viabilidad
financiera de la empresa 14 .
13 STSJ Comunidad Valenciana 12-12-1997, AS.
1997/4767.
14 STSJ Valencia 26-9-1997, AS 1997/3019.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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