Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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personas físicas o entidades privadas» (art.53.7); «rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal» (art.54.6) – abstención en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, «en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros» (art. 53.9). Nada expresa el EBEP sobre la que pudiera considerarse prohibición legal de concurrencia, plena dedicación o, en expresión administrativista, incompatibilidades. Pese al silencio del legislador, bien pudiera derivarse ésta, la incompatibilidad, del principio de objetividad y neutralidad, y pudiera relacionarse con la especial atención del legislador en procurar que la actuación del empleado público quede alejada de todo conflicto de intereses entre su puesto de trabajo y el que pudiera derivar de un interés particular, privado. Por último, como expresamos en páginas anteriores, la dependencia del personal laboral respecto de la Administración Pública y, en particular, la caracterización de la relación de empleo público como relación jerárquica y no paritaria o de igualdad, deriva también para el empleado público laboral un deber de obediencia, unido, siempre, a un ejercicio regular y lícito del poder de dirección que cabe atribuir a aquélla. Expresa el EBEP tal deber de obediencia en su artículo 54.3, conforme al cual «los empleados públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de sus superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso se pondrán inmediatamente en conocimiento de los órga YOLANDA SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA nos de inspección procedentes». Quiere ello decir que, con cierta similitud a lo previsto para los trabajadores comunes, hay un ius resistentiae, entendido como justificación de la desobediencia cuando se impongan conductas a los empleados públicos manifiestamente ilegales, aunque no constituya infracción penal. Incluida, también, en aplicación de lo dispuesto en la LPRL (art.21) la posibilidad de paralizar su actividad (y, por tanto, desobedecer la orden del superior) cuando se esté ante un riesgo grave e inminente. Especial y renovado interés tiene el deber de obediencia a instrucciones y órdenes profesionales relacionadas con el control y vigilancia de la actuación de los empleados públicos, en especial, en lo que concierne al uso de las nuevas tecnologías. En este sentido, y dada la ausencia de prescripción legal en el EBEP y cláusulas convencionales al respecto, la Administración Pública ha procedido a dictar, instrucciones para el «adecuado uso de equipos y sistemas informáticos» por los usuarios (funcionarios y personal laboral) al servicio de aquélla. Es el caso de la Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 10 de marzo de 2003) sobre «Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia.». En esta Instrucción, considerando que aquéllos, los equipos y sistemas informáticos, son de propiedad de la organización que tienen como finalidad garantizar la rapidez y eficacia en la prestación de sus servicios, se fijan «pautas de comportamiento» o reglas «claras» que determinen la mayor eficiencia en las comunicaciones y eviten determinadas prácticas consistentes en la utilización incorrecta o inadecuada de los medios informáticos, incluyendo, al respecto, la navegación en la red de Internet o el uso del correo electrónico y, lo más importante, evitando duda alguna sobre su eficacia jurídica. Se dice que todos los usuarios de la Administración de Justicia «están obligados al cumplimiento de las pautas de conducta esta- REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93 103
104 INFORMES Y ESTUDIOS blecidas en el presente código, pudiéndose derivar de su incumplimiento la pertinente responsabilidad en el ámbito disciplinario, si a ello hubiere lugar en aplicación de las normas reguladoras del Estatuto jurídico propio del usuario». Lo que, parece, deriva hacia el EBEP, cuando éste nada dice al respecto, aunque bien pudiera incluirse entre las faltas derivadas del incumplimiento de órdenes e instrucciones legítimas, considerando que lo serán las específicas órdenes y instrucciones sobre uso de los medios y sistemas informáticos dictadas cumpliendo la Instrucción antes citada. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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