Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
también la doctrina ha sido dual; en efecto, el
estudio de un modelo de negociación colectiva
tan peculiar como el que se aplica a los empleados
públicos ha interesado tanto a la doctrina
laboralista como a la administrativista;
por ello, hay abundantes trabajos de uno y de
otro sector de la doctrina dedicados a la negociación
colectiva de los empleados públicos.
Lógicamente, la posición que se ha mantenido
en relación con este tema y el tratamiento
que se ha dado al mismo por uno y otro sector
de la doctrina han sido diferentes. Desde la
doctrina laboralista, la negociación colectiva
de los empleados públicos se veía como algo
normal dentro de un Estado social y democrático
de derecho, como el que establece nuestra
Constitución; era una consecuencia lógica del
mismo que el derecho a la negociación colectiva
que se reconocía a los trabajadores por
cuenta ajena que se regían por el Derecho del
Trabajo, se extendiera también a quienes
estaban vinculados con las Administraciones
Públicas por una relación de trabajo de carácter
estatutario regida por el Derecho Administrativo;
por el contrario, la doctrina administrativista,
con algunas excepciones, veía
la negociación colectiva de los empleados
públicos, y sobre todo la de los funcionarios
públicos, como una institución importada del
Derecho del Trabajo y por lo tanto extraña al
sistema de empleo público, y más concretamente
al de función pública, que venía a alterar
la posición dominante que tenía la Administración
Publica, en cuanto poder público e
institución pública que tiene encomendada la
defensa del interés general, respecto de los
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, AEDTSS, MTIN 2009; ROQUETA BUJ, R. «El Derecho
de Negociación Colectiva en el EBEP», La Ley 2007;
SALA FRANCO, T.: « Los Derechos Colectivos de los Empleados
Públicos» en Comentarios a la Ley del EBEP. Lex
Nova 2008; AA.VV «Negociación Colectiva en el
Empleo Público: Diagnóstico y Perspectiva» en el Observatorio
de la Negociación Colectiva 2010, Madrid,
CC.OO.; CCNCC, «Informe sobre la Negociación
Colectiva en el Empleo Público».AA.VV Madrid, 2001;
ALFONSO MELLADO, C «Los derechos colectivos de los
empleados públicos» Ediciones Bomarzo, 2008.
llamados servidores públicos, e incluso el sistema
de fuentes que regía en el Derecho de la
Función Pública.
El diferente enfoque que ha existido en la
doctrina respecto de la negociación colectiva
de los empleados públicos, y en particular
respecto de la de los funcionarios públicos, ha
condicionado, sin duda, la evolución que ha
tenido su regulación; piénsese, por ejemplo,
que la primera ley que pretende reconocer el
derecho a la negociación colectiva de los funcionarios
públicos, la Ley 9/1987, de 12 de
junio (LORAP), no utiliza el término de negociación
colectiva sino que lo sustituye por el
de participar en la determinación de las condiciones
de trabajo; por otro lado, la lógica de
la contractualización de las relaciones de trabajo
que está implícita en la negociación
colectiva no se traslada a las relaciones de
trabajo que la Administración establece con
los funcionarios, que siguen teniendo su origen,
no en el acuerdo de voluntades entre la
Administración y el funcionario, no en un
contrato como ya ocurre con el personal laboral,
sino en un acto unilateral de la Administración,
el acto de nombramiento; y tampoco
la negociación colectiva, que es un sistema de
determinación de las condiciones de trabajo
basado en la bilateralidad, acaba con el sistema
de determinación unilateral de las condiciones
de trabajo de los funcionarios que es
propio de una relación de trabajo de carácter
estatutario.
Ahora bien, además de por lo ya indicado,
en este momento analizar la negociación
colectiva de los empleados públicos tiene un
interés especial; como es sabido, el Gobierno,
como consecuencia de la crisis o en el contexto
de la misma, ha adoptado una serie de
medidas que han afectado restrictivamente a
la negociación colectiva de los empleados
públicos, en la medida en que han supuesto,
por un lado, dejar sin efecto acuerdos que
afectaban al conjunto de los empleados públicos,
que habían sido suscritos por el Gobierno
y los Sindicatos representativos de los mismos
y que se encontraban en vigor, y, por
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