Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

Será en exclusiva de la segunda de estas
materias –movilidad de los empleados públicos,
circunscrita al ámbito de los empleados
de la Administración General del Estado (en
adelante AGE)– de la que se ocupe el presente
estudio, si bien su análisis completo llevará
a una aproximación, siquiera tangencial,
de los distintos sistemas de provisión de
puestos de trabajo en la Administración
Pública por cuanto inciden de forma plena en
la movilidad de este colectivo.
Entre las múltiples posibilidades metodológicas
que se presentan para la exégesis de
esta materia se ha optado por alterar el orden
fijado en los preceptos de la propia Ley
7/2007, agrupando su análisis en función de
los colectivos afectados. La exhaustividad
pretendida así lo requiere. De este modo se
analizarán, en primer lugar, las reglas establecidas
con carácter individualizado para el
personal funcionario de carrera, seguidas del
estudio de las medidas propias del personal
laboral e inmediatamente después abordar el
análisis de aquellas disposiciones que de
modo conjunto tratan las cuestiones de movilidad
para ambos colectivos: el supuesto especial
de movilidad para las empleadas públicas
víctimas de violencia de género y la pretendida
movilidad entre las distintas Administraciones
Públicas.
Llegados a este punto conviene reseñar
sobre tales extremos que, tal y como establece
el apartado segundo de la Disp. Final cuarta
de la Ley 7/2007, este Capítulo III de su
Título V producirá efectos a partir de la
entrada en vigor de las Leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto, manteniéndose hasta entonces en
vigor en cada Administración las normas
vigentes sobre ordenación, planificación y
gestión de recursos humanos en tanto no se
opongan a lo establecido por aquél 7 . Si bien
7 Cfr. Resolución de 21 de junio de 2007, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007,
FRANCISCO JAVIER HIERRO HIERRO
en el ámbito de las Comunidades Autónomas
se han producido ciertos avances con la promulgación
de algunas normas dictadas tras
la aprobación del Estatuto Básico 8 , en el campo
de la AGE tal desarrollo aún hoy no se ha
concretado más allá de aquellas noticias que
a comienzos del año 2010 apuntaban del inicio,
dentro del Grupo de Trabajo de Dialogo
Social de la AGE, de la negociación sobre la
nueva Ley de Función Pública o el anuncio de
su presentación en el actual período de sesiones
9 . Ninguna proposición, salvo error, se ha
para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado
Público en el ámbito de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos.
8 Cfr. Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares;
Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función
Pública de Galicia y Ley 10/2010, de 9 de julio, de
ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.
No obstante, la gran mayoría de las disposiciones
normativas autonómicas se han mantenido inalteradas
tras la aprobación de la Ley 7/2007 en esta temática. Cfr.
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias; Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía;
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria;
Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función
Pública; Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León; Ley 3/1988, de 13 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La
Mancha; Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre,
por el que se aprueba la refundición en un Texto único
de los preceptos de determinados textos legales vigentes
en Cataluña en materia de Función Pública; Decreto
Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de la Función Pública de
Extremadura; Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia y Decreto
Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
9 Cfr. Comparecencia en la Comisión Constitucional
de la señora vicepresidenta primera del Gobierno,
ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (FER­
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
265