Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

ase en su facultad organizativa de los servicios
14 .
Recuérdese sobre este particular la señera
STS Cont.-Adm. de 12 de marzo de 1990 (RJ
1990, 2215), que sostiene «que la Administración
tiene una potestas variandi de la normativa
legal y reglamentaria que ejercita lícitamente
cuando así lo aconsejan o demandan
las cambiantes circunstancias de su actividad
para una mejor organización de las estructuras
necesarias para el ejercicio de derechos o
cumplimiento de deberes del individuo en
sociedad o de los servicios públicos establecidos
con ese fin, pues sostener lo contrario
equivaldría –en los términos de las Sentencias
del Tribunal Constitucional 27/1981, de
20 de julio (RTC 1981, 27) o 6/1983, de 4 de
febrero (RTC 1983, 6)– a ‘petrificar’ la organización
de las estructuras existentes condenándolas
a una inmovilidad que las alejaría
de la realidad social e impediría su perfeccionamiento.
Como consecuencia de esta facultad
de cambiar la organización administrativa,
el funcionario público no tiene un derecho
adquirido frente a la ley que pueda oponer a la
nueva organización establecida por la respectiva
norma legal estatutaria, ello sin perjuicio
de los derechos que la propia ley les reconoce
relativos a su categoría administrativa, a su
inmovilidad de residencia y al sueldo consignado
en los Presupuestos que –como declara
la Sentencia de esta Sala de 19 de diciembre
de 1986 (RJ 1986, 7892)– son derechos adquiridos
que vinculan a la Administración y que,
como tales derechos ‘incorporados al patrimonio
del funcionario’ podrán ser reclamados por
los interesados, si fueran despojados de ellos,
por los procedimientos que el ordenamiento
establece».
La hipertrofia de la inamovilidad en el
puesto de trabajo conlleva a los efectos más
FRANCISCO JAVIER HIERRO HIERRO
perniciosos. No contribuye a estimular la
iniciativa, esfuerzo y dedicación del funcionario
ni a reforzar la capacidad de dirección
de los superiores o la de exigir responsabilidades
15 .
De ahí que resulte imprescindible facilitar
la promoción interna de todos los empleados
que adquieran las competencias y requisitos
necesarios para progresar en su carrera, desde
los niveles inferiores a los superiores, de
manera que no se limiten las oportunidades
de quienes tienen interés y deseo de alcanzar
con su dedicación y esfuerzo las mayores responsabilidades.
También se han de establecer
instrumentos de colaboración que faciliten
la movilidad voluntaria de los funcionarios
entre distintas Administraciones. En fin,
es preciso flexibilizar las reglas de movilidad
funcional y, en su caso, geográfica, del personal
por necesidades del servicio, con las oportunas
garantías y compensaciones, cuando
procedan.
De ello deriva, igualmente, que la continuidad
misma del funcionario en su puesto se
haga depender de la evaluación positiva de su
desempeño, pues resulta socialmente inaceptable
que se consoliden con carácter vitalicio
derechos y posiciones profesionales por aquellos
que, eventualmente, no atiendan satisfactoriamente
a sus responsabilidades (E. de
M. de la Ley 7/2007).
Se hace necesario, en definitiva, conjugar
los intereses particulares de los empleados
públicos con los fines y objetivos de la organización,
esto es, la eficiencia y la eficacia. En
otras palabras, la planificación adecuada con
el recurso a estos distintos procesos de los
medios humanos de que se compone, sin que
ello menoscabe la inamovilidad en la condición
de funcionario de carrera, constituye el
objetivo a alcanzar.
14 Cfr. D. LARIOS RISCO: «Derechos de los empleados
públicos», en VV. AA.: Comentarios a la Ley 7/2007, de
15 Cfr. Informe de la Comisión de Expertos para el
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado
cit., pág. 167. Público, cit., págs. 119 y 143.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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