Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
personal, esto es, procede a una equiparación
a estos efectos entre los representantes unitarios
y los delegados sindicales, debiéndose
estar a tales efectos a lo dispuesto en el art.
41 del EBEP. Este precepto establece una
serie de garantías que protegen a los representantes
de los funcionarios públicos frente
a actuaciones de la Administración que signifiquen
ejercicio de sus poderes organizativos
(a) y disciplinarios (b).
a) El art. 41.2 del EBEP dispone que «los
miembros de las juntas de personal y los delegados
de personal no podrán ser discriminados
en su formación ni en su promoción económica
o profesional por razón del desempeño
de su representación». Aunque el legislador
exclusivamente se refiere a la «formación»
y a la «promoción económica o profesional»,
la prohibición se extiende «al conjunto
de la posición del representante como funcionario
público, debiendo por tanto ser considerado
nulo todo acto administrativo discriminatorio,
esto es, todo acto que implique un
trato desigual no basado en criterios objetivos
y razonables» 38 .
La Ley 7/2007 establece las siguientes
medidas para proteger a los representantes
de los funcionarios frente al poder de organización
de la Administración pública:
1ª) El legislador les atribuye el derecho a
gozar de un crédito de horas mensuales dentro
de la jornada de trabajo consideradas
como de trabajo efectivo, enfatizando al respecto,
que no podrán ser discriminados en su
«promoción económica» en razón, precisamente,
del desempeño de su representación como
establecen los arts. 41.1.d) y 41.2 del EBEP.
La finalidad que persiguen los referidos preceptos
es la de que los delegados sindicales
38 RODRÍGUEZ SAÑUDO, «Derechos, obligaciones y
garantías de los representantes unitarios en la función
pública», en AA.VV., Seminario sobre las relaciones
colectivas en al función pública, I.A.A.P., Sevilla, 1990,
pág. 128.
puedan desarrollar sus funciones de representación
sin que ello suponga merma alguna
de sus retribuciones y, por tanto, las puedan
desarrollar sin condicionamiento alguno, y
como si efectivamente desempeñaran o realizaran
sus funciones en situación de actividad.
Como subraya el Tribunal Constitucional, un
representante sindical «por realizar funciones
sindicales sufre un perjuicio económico si percibe
una menor retribución que cuando prestaba
o presta efectivamente su trabajo», lo
que «puede constituir un obstáculo objetivamente
constatable para la efectividad del
derecho de libertad sindical, por su potencial
efecto disuasorio para la decisión de realizar
funciones sindicales» y este obstáculo «repercute
no sólo en el representante sindical que
soporta el menoscabo económico, sino que
puede proyectarse asimismo sobre la organización
sindical correspondiente, afectando, en
su caso, a las tareas de defensa y promoción
de los intereses de los trabajadores que la
Constitución encomienda a los sindicatos (art.
7 CE)» 39 . Distinto será si la Administración
puede demostrar que la supresión de los complementos
retributivos obedece a un cambio
en las circunstancias que inicialmente fueron
tenidas en cuenta para acordar su implantación
respecto del concreto puesto de trabajo
desempeñado por el liberado sindical y que tal
decisión, además, no es arbitraria, no siendo
aceptable como justificación el que la Administración
pueda hacerlo simplemente en uso
de una facultad discrecional 40 .
El «crédito» de horas que se menciona en la
norma legal lo es mediante su retribución
«como de trabajo efectivo», por lo que esta
efectividad que se predica del funcionario, a
manera de ficción o presunción «iuris et de
iure», obliga a entender que comprende la
totalidad de las retribuciones, cualquiera que
39 STC 30/2000, de 31 de enero.
40 SSTSJ de Andalucía de 2 de julio de 2001 (Rec.
núm. 2544/2001) y 1 de octubre de 2001 (Rec. núm.
1565/1997); y de Cantabria de 17 de febrero de 2003
(Rec. núm. 116/2002).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93