REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ambiente y ante una sociedad cada vez más consumista, que por su propia
actividad comercial y económica ocasionó una degradación del ecosistema.
Si entendemos a la naturaleza como un sujeto pasible de derechos, podríamos
extender el sentido de su origen a una persona de carácter ideal o también
llamada colectiva, social, moral, ficticia o jurídica, como bien se puede
interpretar de los alcances del art. 52 del Código Civil Boliviano; por ello, si se
piensa en que el Estado, como un todo, es reconocido como sujeto de derechos,
cuya esencia es ideal, no material; es lógico admitir bajo esta argumentación
que la naturaleza pueda al mismo tiempo ser sujeto de derechos, mereciendo
bajo esa perspectiva, necesariamente una protección Constitucional, al ser el
origen de la vida que cobija al ser humano, dotándole de elementos básicos
de sobrevivencia, como agua, tierra, aire y fuego; que sustentaron la vida y
desarrollo del humano como estante y habitante de la tierra desde tiempos
inmemorables.
2. Análisis
2.1. Breve Antecedente sobre la Evolución de los Derechos de la Naturaleza
En los derechos políticos y sociales de primera y segunda generación, el Estado
reconoció a la ciudadanía derechos humanos desde una visión individualista.
Así también, los derechos económicos, culturales y ambientales, de tercera
generación, incluyó que los seres humanos gocen de condiciones sociales
equitativas y de un medio ambiente sano y no contaminado, basado en políticas
para evitar la pobreza y el deterioro ambiental. Los derechos de primera
generación se enmarcaron en la visión clásica de la justicia: imparcialidad ante
la Ley, garantías ciudadanas, etc. Y, para cristalizar los derechos económicos
y sociales se dio paso a la justicia redistributiva o justicia social, orientada a
combatir la pobreza y establecer un fondo de reparaciones cuando existan
daños ambientales por parte de los seres humanos que viven en un entorno
natural.
Uno de los hitos más importantes en la evolución o consolidación de los
derechos de la naturaleza, se remonta a la Declaración de Estocolmo de 1972,
que marcó una propuesta que dejó de lado el antropocentrismo que regía
para la época y propuso la armonización del medio ambiente a la par con el
desarrollo humano, otorgando al intervencionismo estatal mayor potestad en
regular dicha armonización de coexistencia.
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